Que asuma el Gobierno hacer búsquedas exhaustivas de desaparecidos: Amnistía Internacional

En el informe “Un trato de Indolencia, la respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México”, Amnistía Internacional solicitó que el Gobierno “asuma su deber de realizar búsquedas exhaustivas de los desparecidos".

Poco a poco, las familias de personas desaparecidas se van encontrando en oficinas de Gobierno, se van dando cuenta que suceden manifestaciones en favor de las personas desaparecidas y comprenden que su caso está inserto en un contexto más amplio, que no se trata sólo de una afectación a su familia, sino de una situación que aqueja a muchas personas alrededor de todo el país.

La madre de una persona desaparecida relató: “empecé a ver que eran cientos de personas las que se habían llevado y no se había hecho nada”.



Las familias se reúnen, se coordinan, establecen estrategias de resistencia y de exigencia de verdad, justicia y reparación. En este fenómeno ha tenido un papel fundamental el trabajo de las organizaciones locales de derechos humanos que acompañan a muchas de las familias y que brindan atención integral.

Amnistía Internacional escuchó una y otra vez que mejorías en el trato recibido de parte de las autoridades, el acceso a la información y al expediente del caso y los pocos avances que se ha dado en las investigaciones han sucedido a causa de la intervención de organizaciones no gubernamentales.

“Empecé a ver que eran cientos de personas las que se habían llevado y no se había hecho nada”, señaló Leticia Sánchez Villalobos, madre de Luis Carlos Hernández Sánchez, desaparecido el 22 de mayo de 2010.



Las familias reconocen que trabajar conjuntamente, compartir la lucha y tener la asistencia de una organización de la sociedad civil ha sido un aliciente en su lucha y ha servido para resignificar los hechos y preservar su dignidad. Amnistía Internacional ha atestiguado en diversas partes del país que —en ausencia de una respuesta estatal adecuada a la crisis de las desapariciones en México—, son las organizaciones de derechos humanos quienes brindan la única asistencia a la que las víctimas y sus familiares pueden acceder.

Asimismo, las propias familias han ido conformando agrupaciones o colectivos en que se reúnen para coordinar sus esfuerzos de búsqueda y de exigencia de sus derechos. Hay al menos 24 colectivos en México y 3 en Centroamérica conformados por familiares de personas desaparecidas; en conjunto, buscan a más de 4,800 personas en 22 estados del país.

Hay otros familiares que se reúnen y que están gestando otras formas de organización y colaboración sin que se hayan identificado como un colectivo; por ejemplo, los familiares de personas migrantes guatemaltecas desaparecidas durante su paso por México acompañados por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, o los familiares de personas desaparecidas en Chihuahua acompañados por el CEDEHM.



Estos grupos y colectivos son una expresión del derecho a defender derechos humanos y el Estado mexicano debe garantizar que pueden llevar a cabo su labor sin sufrir represalias.

Esta estrategia es una respuesta ante la inacción estatal en la mayoría de los más de 27,000 casos oficialmente reconocidos de personas que siguen desaparecidas o no localizadas. La distribución de los casos de los colectivos ayuda a comprender la magnitud y la relevancia del problema: en México cualquier persona puede desaparecer de cualquier lugar.

Amnistía Internacional precisó, “el Estado mexicano debe garantizar que todos estos colectivos puedan seguir llevando a cabo su labor de defensa de los derechos humanos en un entorno seguro y propicio y que su derecho a la verdad, justicia y reparación sea efectivamente garantizado2.



El texto señaló, “es momento que las autoridades reconozcan que las desapariciones y las desapariciones forzadas en México son uno de los temas que ha enmarcado la crisis de derechos humanos actual y de que cumplan sus obligaciones de llevar a cabo acciones efectivas para combatirla. Por lo anterior, le pido que se tomen las siguientes medidas:

- Tipificar la Desaparición Forzada y la desaparición por actores no estatales como delitos de acuerdo con los más altos estándares internacionales.

- Establecer un mecanismo obligatorio de búsqueda exhaustiva y expedita de personas reportadas como desaparecidas con participación de expertos, sociedad civil y familiares.



- Investigar exhaustiva, imparcial y prontamente los casos actuales de personas desaparecidas y llevar a los responsables ante la justicia.

- Reconocer el derecho a participación plena de familiares de personas desaparecidas en las investigaciones.

- Adoptar disposiciones legales detalladas sobre la declaración de ausencia de las personas desparecidas.



- Reparar de manera integral a las víctimas de desapariciones y sus familias.
- También, se prevengan y sancionen todos los actos de intimidación y hostigamiento contra las familias de personas desparecidas y contra las organizaciones que las acompañan.