Proponen fincar responsabilidad a servidores públicos que incumplan laudos

Al día de hoy existen 1,714 laudos pendientes de ejecución, que cada día siguen sumando salarios caídos que deben pagarse, ante lo cual es importante que las entidades públicas, sean dependencias, organismos autónomos o ayuntamientos traten de solucionarlos, recomendó la magistrada presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Itzel Castro Castillo.

Señaló que desde el Poder Legislativo se debe adecuar el marco legal, para que haya responsabilidades para los titulares de los entes públicos, porque están haciendo un mal uso de los recursos públicos al no liquidar esos pasivos.

“Es una responsabilidad de los servidores públicos remediar esta situación porque ellos tienen la capacidad de orientar el programa de egresos de las dependencias o Ayuntamientos”, expresó.



La Magistrada dijo que a través de un estudio académico han detectado que el monto que se paga por cada laudo es 200 por ciento más de lo que se dicta originalmente, motivado principalmente porque ninguna autoridad pública paga de manera inmediata “nadie acude voluntariamente a cumplir, siempre los tenemos que requerir”.

Citó un caso de un trabajador despedido, quien obtuvo un laudo favorable, para que se le pagaran salarios caídos por un año 4 meses, sin embargo, ante el incumplimiento de la entidad pública, le pagaron lo correspondiente a 10 años. “Entonces, ¿cómo es posible que a alguien que sólo trabajó poco más de un año le terminen pagando 10 años sin trabajar? Y no es culpa del trabajador, es responsabilidad de los titulares de las entidades públicas que no hacen lo necesario para cumplir”. Agregó.

En cuanto a los 1,714 laudos pendientes de ejecutar, comentó que esta cifra es variante, pues todos los días se levantan convenios para el cumplimiento del pago y de igual forma, de manera constante se dictan nuevos laudos.



En este sentido, la magistrada Itzel Castro Castillo exhortó a las instancias públicas a acercarse al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para llegar a acuerdos y puedan cumplir mediante la modalidad de pagos en parcialidades.

De igual forma, detalló que las partes demandadas pueden acudir a revisar la situación procesal de sus expedientes, pues explicó que en caso de que lleven más de 2 años sin algún requerimiento o nueva diligencia, pueden solicitar la prescripción del mismo y archivarlo.

Comentó que la ley contempla que pueda ser precluido el derecho del demandante tras el paso de los 2 años sin actividad procesal, sin embargo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje no lo puede hacer de oficio, sino a petición de las partes.