Presidenta del Congreso de Veracruz iría a la cárcel por caso Actopan

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Adriana Paola Linares Capitanachi, incurriría en la comisión de delitos federales y del fuero común, luego de que la diputada María Esther López Callejas señaló públicamente a medios de comunicación que aunque incurran en desacato, el Congreso del Estado no instalará como alcalde de Actopan al suplente José Alfredo López Carreto, a pesar de que es a quien le correspondería asumir el cargo en esa demarcación.

El incumplimiento de la sentencia judicial firme que obliga al Poder Legislativo a llamar a José Alfredo López Carreto como Presidente Municipal suplente de Actopan, fue la razón por la que apenas el pasado jueves 11 de febrero, la diputada Linares Capitanachi fue sancionada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas.

Cabe recordar que en el mes de junio se dio a conocer que dentro de la Controversia Constitucional 17/2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, suspendió los efectos de la resolución de revocación del mandato del entonces presidente municipal de Actopan, Paulino Domínguez Sánchez, por lo que el Congreso, desde aquella fecha, tendría que haber reinstalado al Cabildo elegido democráticamente.



Ante la omisión del Congreso de cumplir con la suspensión emitida por la Suprema Corte, el 17 de julio del 2020, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) otorgó a la Legislatura 10 días para reinstalar como Alcalde de Actopan a Paulino Domínguez Sánchez y, en caso de que éste no se presentara a retomar sus funciones, llamar a José Alfredo López Carreto como Alcalde Suplente.

Hasta el momento han transcurrido 215 días desde la resolución del TEV, sin que el Congreso del Estado haya cumplido con dicha sentencia.

Incluso, fue la legisladora morenista por el distrito de Emiliano Zapata, Mary López, quien asentó de manera pública:



“El Congreso no va a actuar (...), no entiendo por qué el Tribunal insiste, habría que ir y preguntar qué está sucediendo”, expresó la diputada y agregó que el Congreso no puede hacer nada, pese a lo que el Tribunal diga.

A pesar de los dichos de la legisladora, por la violación de la suspensión decretada por la Suprema Corte, la diputada Linares Capitanachi enfrentaría penas de hasta 9 años de prisión en un proceso federal, de conformidad con lo previsto por la fracción I del artículo 58 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución, que prevé las sanciones aplicables a quien viole una suspensión decretada dentro de una Controversia Constitucional.

Por otra parte, por el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado, podría enfrentar penas de hasta 8 años de prisión por el delito contemplado por el artículo 348 Quinquies del Código Penal de Veracruz, previsto para quienes retarden o entorpezcan maliciosamente la administración de justicia, como en este caso la Diputada Presidente, quien dolosamente retarda el cumplimiento de una sentencia electoral definitiva.



Asimismo, también incurriría en el delito de incumplimiento de un deber legal, que acarrea una pena de hasta 8 años de cárcel, para quien como la diputada Adriana Linares Capitanachi incumpla con un deber inherente a su cargo, en perjuicio de los derechos de un tercero, como en este caso de José Alfredo López Carreto.