Poder Judicial no garantiza derechos a víctimas de trata de personas en el país

No se está realizando el esfuerzo necesario para enfrentar todas las violencias que se viven actualmente en el país, no sólo de trata de personas. Estamos viviendo una realidad que se ha invisibilizado por la pandemia; a causa de la austeridad que ha reducido al máximo las ya de por sí frágiles estructuras que existían y existen en los Gobiernos y el Gobierno Federal, afirmó el Doctor Mario Luis Fuentes Alcalá, profesor, investigador y titular de la Cátedra Extraordinaria de Trata de Personas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En la mesa de trabajo realizada por la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer "Elisa Martínez”, donde se habló sobre la trata de personas, el académico universitario señaló que ya desde antes de la pandemia la capacidad de resolver y garantizar los derechos de los ciudadanos por parte del Poder Judicial estaba enormemente erosionada por no contar con recursos y por la corrupción en su interior, lo que hizo que la indefensión de los ciudadanos se agravara.

“Teníamos antes de la pandemia un sistema enormemente rebasado para ejercer y dar derechos a quienes se le haya violentado. Esto se acentuó con la contingencia y por la austeridad que vivimos. La realidad es que muchas de estas estructuras fueron enormemente reducidas; esto colocó a muchas personas en una situación más grave de indefensión,” afirmó el catedrático.



Agregó que si antes de la pandemia que una denuncia por violación de derechos se resolviera era una “acción titánica”, en los tiempos actuales lo es mucho más.

De acuerdo a Fuentes Alcalá, la pandemia ha agravado la corrupción por parte de las autoridades y sostuvo que se tiene que exponer o hacer visible que no sólo es en lo relacionado con la trata de personas, sino con otros ilícitos como la extorsión, abusos, violaciones sexuales, estupro. “Hay delitos a los que se le tiene que hacer frente como parte del proceso para arrostrar el de trata de personas, considerado como violencia extrema”.

Refirió que la pandemia ha llevado a una gran parte de la población de nuestro país al desempleo, a la falta de ingresos, lo que ha hecho aumentar la pobreza.



Consideró que esto además acentuó la discriminación, la desigualdad y la marginación, en especial de quienes ya estaban en la calle; es decir, la población que vivía del trabajo en las aceras, en las banquetas.

“La pandemia expuso a toda la población que se dedica a distintas tareas o trabajos, a mucho más vulnerabilidad y abuso, porque las autoridades se vieron abrumadas y en muchos casos rebasadas pero también totalmente sin los controles precarios que existían para evitar el abuso y extorsión. Estas personas ante la falta de ingresos, tuvieron que aceptar jornadas más largas y condiciones más riesgosas”.

El especialista de la UNAM afirmó que el programa de “Quédate en Casa” no se cumplió cabalmente ya que la mayoría de la población no pudo quedarse en casa porque tuvieron que ir a conseguir el ingreso diario, y en ocasiones en lugares altamente expuestos al Coronavirus.



“La última fase de COVID-19 o esta etapa permanente que vivimos no sólo ha erosionado los ya precarios sistemas de justicia. No sólo ha generado una situación de mucha mayor vulnerabilidad de la población que no puede trabajar en su único espacio laboral, las calles. Ha conllevado a muchos riesgos y no hay ninguna propuesta que reconozca la realidad de la gran población que se ve obligada a conseguir el sustento de su hogar de esta forma,” aseveró el Investigador.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los últimos años las cifras de violaciones a los derechos humanos en Materia de Trata de Personas a nivel nacional continúan en aumento.

El total de víctimas del fuero común en 2018 en el país fue de 575 y para el año 2019 se registraron 668, lo que representa un incremento del 16 por ciento. En lo que respecta al año 2020, sólo de enero a octubre se informó de un total de 578 víctimas de este delito.



El miembro de la Cátedra de Trata de Personas de la UNAM aseveró que se debe reflexionar también sobre los variados tipos de violencia que afectan la dignidad de las personas y sugirió reconocer la historia de vida, de abandono, de quienes son objeto de explotación sexual o laboral.

Aseguró que todos los delitos relacionados e interdependientes inciden de manera simultánea en las personas que padecen esta explotación o han sufrido violaciones y abusos. En este contexto, aseveró que enfrentar el delito de trata de personas es también enfrentar todos los demás delitos.

“Lamentablemente no se ve que en los próximos años haya una recuperación económica para fortalecer los sistemas de justicia y de Derecho. Y no dudo en que se han incrementado los procesos culturales de discriminación y agresión a todos los que no cumplen ciertas normas”, aseguró.



Asimismo, planteó que se deben construir espacios que puedan generar una cultura de tolerancia y de inclusión, como el derecho de una persona adulta (ante la realidad de la fractura de los mercados de trabajo) de que pueda dedicarse a actividades como el trabajo sexual, que igualmente debe ser protegido, regulado y respetado.

El académico pidió reconocer que las frágiles capacidades que había en el Gobierno para enfrentar los delitos, incluido el de trata de personas, son cada vez menores.

Para concluir, expuso que la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Persona es un espacio vacío porque no tienen ni recursos ni presupuestos y se ha perdido lo poco que se tenía, “hay menos albergues, menos capacidad de investigación; los juzgados y los juicios están totalmente rebasados por falta de recursos y por corrupción”, finalizó.