Poder Judicial debería tener dinero suficiente; permitió recorte ilegal del Congreso

El Congreso de Veracruz, encabezado por Juan Javier Gómez Cazarín, violó la Constitución local al reducir el presupuesto del Poder Judicial del Estado para este 2021, pues en la ley se establece un mínimo de recursos para garantizar su correcta administración, sin embargo, dicho monto no fue respetado por los diputados.

Lo anterior ha ocasionado que, en un hecho sin precedentes, el Poder Judicial del Estado se encuentre al borde del colapso financiero.

El 27 de junio de 2016 entró en vigor una reforma a la Constitución Política del Estado de Veracruz, en la que se estableció que “El presupuesto asignado al Poder Judicial podrá ser mayor pero no menor al dos por ciento del total del presupuesto general del Estado, previsto para el ejercicio anual respectivo y deberá ministrarse conforme al calendario autorizado en los términos que establezca la ley”.



De acuerdo con el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, el presupuesto total del Estado para el año 2021 es de 128 mil 420 millones 684 mil 290 pesos, por lo que al Poder Judicial le debió haber sido asignado, como mínimo, un monto de 2 mil 568 millones 413 mil 685 pesos, que corresponde al dos por ciento del presupuesto general del Estado.

Sin embargo, el Congreso local, en una muestra más de desprecio a la ley, asignó al Poder Judicial 954 millones 133 mil 387 pesos menos de lo establecido constitucionalmente, autorizando para el Ejercicio Fiscal 2021 un presupuesto de mil 614 millones 280 mil 299 pesos, interpretando que, contrario a lo establecido por la Constitución local, la base de asignación tendría que ser el total de los recursos de libre disposición y no el presupuesto general del Estado.

A pesar de esa clara violación a la Constitución local, la presidenta del Poder Judicial del Estado, Inés Romero Cruz, no defendió la autonomía financiera del Poder Judicial, ya que no promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que habría obligado al Congreso del Estado a respetar el presupuesto mínimo establecido en la Constitución de Veracruz.



Ahora, la violación a la Constitución local por parte del Congreso del Estado y la omisión de Inés Romero Cruz han ocasionado que el Poder Judicial del Estado se encuentre al borde del colapso financiero, pues la propia Romero Cruz, en una reunión con Magistrados, reconoció que existe un déficit de 500 millones de pesos para poder concluir el año.

Ante dicha situación, el pasado mes de junio ordenó el cierre de 29 juzgados y el despido masivo del personal que laboraba en ellos. Además, ha solicitado a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia que acepten una reducción salarial del 30 por ciento de sus salarios, a pesar de que esto se encuentra prohibido por la Constitución Federal, que establece que las percepciones de los Magistrados no podrán ser reducidas durante su encargo.