Piden a Daniela Griego frenar comercios irregulares en Fraccionamiento Manantial

Vecinas y vecinos del Fraccionamiento Manantial hicieron un llamado respetuoso a Daniela Griego para que, en el ámbito de sus atribuciones, intervenga y atienda la problemática generada por la instalación y operación de clínicas y comercios con permisos presuntamente irregulares dentro de fraccionamientos privados de uso habitacional.

Las y los habitantes señalaron que los fraccionamientos fueron autorizados bajo un uso de suelo estrictamente habitacional, por lo que la operación de giros comerciales contraviene la planeación urbana, vulnera la normatividad vigente y altera el carácter residencial para el que fueron concebidos estos espacios. Indicaron que la presencia de comercios y clínicas dentro de fraccionamientos privados provoca afectaciones directas a la seguridad, movilidad, tranquilidad y calidad de vida, al generar un flujo constante de personas ajenas, incremento del tránsito vehicular, problemas de estacionamiento y riesgos que no fueron previstos en el diseño urbano original.

Asimismo, recordaron que la legislación en materia de desarrollo urbano y los reglamentos municipales establecen que cualquier cambio de uso de suelo debe seguir un procedimiento formal, que incluya dictámenes técnicos, compatibilidad urbana y autorización expresa de la autoridad competente, lo cual —afirmaron— no se cumple en diversos casos detectados.



Las y los vecinos subrayaron que la autoridad no puede convalidar actos contrarios a la ley, ni permitir excepciones que sienten precedentes de irregularidad, ya que ello rompe el principio de legalidad, afecta el patrimonio de las familias y debilita la certeza jurídica de quienes adquirieron sus viviendas bajo la premisa de un entorno habitacional ordenado y seguro. Por ello, solicitaron respetuosamente la revisión exhaustiva de los permisos otorgados, y en su caso, la regularización conforme a derecho o la revocación de aquellos que resulten improcedentes, con el objetivo de restablecer el orden urbano y garantizar el respeto al uso de suelo autorizado.

Finalmente, reiteraron su disposición al diálogo institucional y su confianza en que las autoridades actuarán con apego a la ley, en defensa del interés colectivo y del derecho de las familias a vivir en entornos seguros y planeados.