Penales de Veracruz, entre infraestructura deficiente y sobrepoblación

Veracruz registró un promedio de 6.31 en la evaluación de sus Centros Estatales de Reinserción Social (CERESOS) y presenta sobrepoblación, según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En este 2024, ninguna de las prisiones estatales obtuvo una evaluación menor a 6, aunque se detectaron deficiencias en infraestructura, programas de reinserción social y atención a grupos vulnerables. El documento señala que los CERESOS en Veracruz albergan a 8 mil 273 personas privadas de la libertad y coloca al estado en un rango de desempeño medio bajo, dentro de la escala que va de 0 a 10.

Entre las principales deficiencias observadas en los centros penitenciarios del estado destacan la insuficiencia de programas para la prevención de adicciones, deficiencias en la atención a personas adultas mayores y a aquellas con necesidades específicas, así como carencias en las condiciones de gobernabilidad y en la adecuada separación entre procesados y sentenciados.

En términos de infraestructura, se detectaron problemas en las condiciones materiales de las áreas médicas, dormitorios y espacios destinados a actividades deportivas y educativas. Por otro lado, el diagnóstico identificó aspectos positivos en los CERESOS veracruzanos, como la inexistencia de cobros ilícitos dentro de los centros y avances en la capacitación del personal penitenciario. Además, se reportó una adecuada atención a personas que viven con VIH/SIDA, así como esfuerzos para la integración de comités técnicos.

A nivel nacional, el diagnóstico evaluó un total de 145 centros estatales, 14 federales y tres prisiones militares. El Centro de Reinserción Social de Chicontepec resultó con una calificación de 6.06; el de Huayacocotla, 6.35; el de Jalacingo, 7.10; el de Ozuluama, 6.11; el de Pánico, 6.02; el de Poza Rica, 6.06; y el de Tantoyuca, 6.49. Las recomendaciones de la CNDH incluyen mejorar las condiciones de infraestructura, implementar programas efectivos de prevención y rehabilitación de adicciones, y garantizar una atención integral para los grupos más vulnerables dentro de los centros penitenciarios.