Partida de Comunicación Social en el Congreso para autopromoción y corrupción

En el Congreso del Estado de Veracruz, la partida de Comunicación Social de 31 millones de pesos ha sido utilizada para publicitar la imagen del Presidente de la Junta de Coordinación Política, beneficiar a funcionarios menores, desviar recursos a gente ajena a los medios de comunicación, generar actos de corrupción y como negocio para el área de Comunicación Social, donde piden “moches”, del 50 por ciento o más, por el convenio otorgado.

Además, tomando como pretexto la pandemia, se asignaron recursos de la partida de Comunicación Social a personas ajenas a medios periodísticos, con un incremento de 40%.

De estos, se puede comprobar que, cuando menos, 6 millones de pesos fueron asignados a medios “fachada”. Incluso, en situación delicada en que la pandemia azota a los veracruzanos, el Congreso decidió incrementar el gasto en publicidad.



La sola cifra evidencia el derroche de recursos públicos pero además, el desvío a través de páginas creadas sólo para sacar el dinero porque no tienen funcionamiento ni personal a cargo, por lo que sólo publican boletines del Congreso del Estado y en específico, actividades del presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín y del aspirante a dirigente de Morena, Esteban Ramírez Zepeta.

Durante el segundo semestre de 2019, el presidente de la JUCOPO, Juan Javier Gómez Cazarín, autorizó al coordinador de Comunicación Social del Congreso, Aldo Valerio Zamudio, la inversión de 13 millones de pesos para publicidad, es decir, dinero destinado a promover su imagen y la del grupo legislativo de MORENA.

En 2020, a pesar de que a partir del mes de marzo inició la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, la cual ha acarreado una crisis económica en miles de familias, Gómez Cazarín aumentó el gasto de recursos públicos para promover su imagen, a 18 millones de pesos.



El derroche en publicidad contrasta con las verdaderas necesidades de los veracruzanos: la compra de equipo médico y apoyo para aquellos que han perdido su fuente de ingresos durante la epidemia pero además, con toda alevosía y ventaja, se utiliza como pretexto a los medios de comunicación para solicitar mayores recursos para la partida de publicidad pero de manera “sospechosa” también se otorgan contratos a empresas de reciente creación, con lo que se genera el posible desvío de recursos para beneficiar a los responsables de la distribución.

6 millones de pesos para medios “fachada”

Una investigación realizada por Alcalorpolítico logró detectar que al menos 6 millones de pesos habrían sido desviados hacia medios de comunicación “fachada”, los cuales comparten algunas características: no son verdaderos medios de comunicación, no tienen equipo de reporteros, rara vez publican y, cuando lo hacen, son los boletines del Congreso del Estado, así como las columnas de Juan Javier Gómez Cazarín.



Éstas serían fachadas que habrían sido utilizadas para un posible desvío de recursos de los veracruzanos.

En octubre del año pasado, el diputado de MORENA, José Magdaleno Rosales Torres, denunció la existencia de al menos cinco medios de comunicación “fachada” a los que se les habían otorgado contratos de publicidad, cuando en realidad pertenecían al coordinador de Comunicación Social, Aldo Valerio Zamudio, quien supuestamente utilizando prestanombres habría desviado recursos públicos.

Los medios señalados por Rosales Torres fueron CX Noticias; Nación Política; Tsunami Veracruzano; 24 Veracruz; y Revista Perfil Veracruz.



Sin embargo, al realizar un análisis de los medios de comunicación contratados por el Congreso del Estado, se encontró que un total de 32 “medios” tienen las características de “fachada” para justificar la asignación de contratos, ya que no publican ni generan información; son desconocidos en el Estado y ni siquiera intentan maquillar su condición fraudulenta, pues rara vez son actualizados.

Estos 32 medios, en los últimos 18 meses recibieron contratos por 6 millones de pesos.

- Los medios comunicación CX Noticias; Nación Política; Tsunami Veracruzano; 24 Veracruz; y Revista Perfil Veracruz, señalados por el diputado de MORENA Magdaleno Rosales Torres como propiedad del coordinador de Comunicación del Congreso, Aldo Valerio Zamudio, han recibido contratos por un monto de 2 millones de pesos anuales.



- Los medios de comunicación Clarín Veracruzano y Conecta MX, son propiedad de empleados de MORENA. Clarín Veracruzano pertenece a un asesor de la bancada de ese partido en el Congreso de la Unión; mientras que Conecta MX es propiedad del Delegado Distrital de MORENA en Agua Dulce, Gimmy Antonio Tadeo.

El primero mantiene de forma permanente como notas principales los boletines del Congreso y sus dos únicos columnistas son Juan Javier Gómez Cazarín y Esteban Ramírez Zepeta. Por su parte, Conecta MX es una página de Facebook y han recibido contratos por 195 mil pesos.

- El medio de comunicación A Título Personal, que recibió 177 mil pesos del Congreso, tiene como nota principal una declaración del 14 de mayo de 2020. Sin embargo, se observa como nota principal un título que señala “con su andar sencillo y cercanía al pueblo, Juan Javier Gómez Cazarín reescribe los manuales de la política y se convierte, sin planearlo, en modelo a seguir para los nuevos tiempos”.



- El Imparcial, que recibió 83 mil pesos del Congreso del Estado, tiene como nota principal de su portal una noticia del 21 de febrero de 2020.

- PSM Noticias, que recibió 75 mil pesos del Congreso del Estado, sólo publica los eventuales boletines del Congreso y la columna de Juan Javier Gómez Cazarín. En su página de Facebook, sólo sube la transmisión de la conferencia mañanera del Presidente de la República.



- Veracruz al día, que recibió un convenio de 50 mil pesos, no cuenta con página web y en su página de Facebook se observa que realizó una sola publicación durante el 2020.

Contratos a sobreprecio

Otra vertiente de la corrupción es la contratación a sobreprecio, esto, porque en Comunicación Social del Congreso del Estado se otorgan convenios a medios de comunicación, con la condición de entregar un moche del 50 por ciento o más.



Así como es un acto de corrupción contratar por un millón de pesos un servicio que cuesta 100 mil pesos, también lo es contratar a un medio de comunicación por un precio injustificado.

En ese sentido, resulta difícil de justificar el pago de 975 mil pesos en 18 meses a páginas con la misma razón social pero una de Xalapa, otra de Veracruz y una más de Coatzacoalcos, en las que difunde exactamente el mismo contenido y recibe denuncias ciudadanas.

Crear tres dominios distintos, en los que se difunde la misma información sin contenido periodístico para justificar la asignación de tres contratos diversos, podría ser constitutivo de responsabilidad tanto para el contratante como para el que simula dar servicios diferentes.





Es cierto que la contratación de publicidad gubernamental es necesaria para acercar a los representantes populares a la ciudadanía pero el derroche no está justificado y mucho menos la condicionante de entregar más de la mitad de la cifra contratada.

Si bien podría justificarse la contratación de medios de comunicación consolidados, con buena reputación entre los veracruzanos a nivel estatal o regional, el hecho de que 6 millones de pesos de recursos públicos hayan sido utilizados para contratar medios con características de fachada para desviar dinero público, constituye una posible causa de responsabilidad penal y administrativa para el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín y del coordinador de Comunicación Social del Congreso del Estado, Aldo Valerio Zamudio.

Cabe mencionar que toda la información sobre los montos y empresas fue analizada a partir de los contratos de publicidad del Congreso del Estado con medios de comunicación, disponibles en la siguiente liga: https://www.legisver.gob.mx/Inicio.php?p=trnsp&ley=Est&art=15&frc=XXIII&ap=PNT

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