Para MORENA, todo “está bien” con ley sobre ultrajes a la autoridad en Veracruz

La bancada de MORENA en el Congreso del Estado no apoyará una nueva reforma al Código Penal respecto al delito de ultrajes a la autoridad.

Lo anterior, pese a las críticas de la oposición por el presunto uso político de este delito para la aprehensión de adversarios y casos como el de los 7 jóvenes detenidos en Orizaba, presuntamente por agredir a elementos estatales.

Al respecto, el legislador con licencia de MORENA, Rubén Ríos Uribe, aseveró que la Ley “está bien” pues se debe hacer respetar a la autoridad.



“El PRI y el PAN están en su Derecho de pedir que se revise pero creo que el tipo penal es claro. Nosotros no tenemos nada en contra de la libertad de expresión, creemos en la lucha social pacífica”, declaró el morenista.

Subrayó que las autoridades deben de ser respetadas pero en caso de que policías o ministeriales agredan a un ciudadano, también hay leyes que establecen sanciones para ellos.

“Con esto se fortalece el Estado Derecho (…); nosotros estamos en el sentido de que se respeten las manifestaciones pero siempre en el respeto de que no se afecten los Derechos de terceros, no es válido que policías sean golpeados, agentes de tránsito y cualquier autoridad”.



Ante el anuncio de la oposición de hacer adecuaciones al Código Penal, como el de la fracción mixta PRI-PVEM, reiteró que están en su Derecho de actuar.

“En su momento tenían la corrupción como un delito no grave, se puede imaginar que hacen leyes a conveniencia (…), creo que nosotros estamos fortaleciendo el Estado de Derecho y que no exista impunidad”.

“Que los ciudadanos no sean agredidos por policías pero que tampoco los policías sean agredidos o violentados”, refirió Ríos Uribe.



Cabe recordar que el pasado 11 de marzo, el Congreso, con mayoría morenista, reformó el artículo 331, que establece que se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de diez a cuarenta veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.

El Código establece que se le aplicará al responsable de este delito, además de las sanciones anteriores, de cinco a siete años de prisión, cuando se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos; se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima; que el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia organizada

Además, cuando se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja.