Otro Magistrado promueve amparo contra plan de austeridad del Poder Judicial

Amadeo Flores Villalba se unió a la lista de Magistrados que han promovido juicios de amparo en contra del Plan de Eficiencia de Recursos y Austeridad del Poder Judicial del Estado, que contempla, entre otras cosas, la reducción de sus sueldos.

En ese sentido, Flores Villalba inició el Juicio de Amparo 657/2021 ante el Juez Décimo Octavo de Distrito en Veracruz, en donde busca que se declare inconstitucional la reducción de sus percepciones.

Cabe recordar que en días pasados, otro Juez Federal, el Decimoséptimo de Distrito, ordenó conceder la suspensión provisional a la Magistrada Rivera Hernández, al considerar que luego de analizar preliminarmente el Plan de Eficiencia de Recursos y Austeridad del Poder Judicial del Estado, “se puede apreciar que con la aplicación del plan que por esta vía se reclama, se podrían poner en riesgo los principios de rango constitucional de irreductibilidad del salario, los cuales encuentran sustento en los preceptos 116, fracción III y 127 de la Constitución Federal y tienen como base primordial considerar una remuneración suficiente con motivo de la función que desempeñan los integrantes del Poder Judicial del Estado, evitando así la inestabilidad en el ejercicio de su encargo, preocupaciones de carácter económico y presiones externas”.

Fue el 3 de agosto del año en curso que la presidenta del Poder Judicial del Estado, Isabel Inés Romero Cruz, emitió el Plan de Eficiencia de Recursos y Austeridad, en el que contempla reducir los salarios de los Magistrados en un 30 por ciento, algo que resulta ilegal, pues el artículo 94 de la Constitución Federal establece que la remuneración de los Magistrados no podrá ser disminuida durante su encargo.

A pesar del discurso de austeridad por parte de la Inés Romero Cruz, el Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJE) gastó, durante el primer semestre de 2021, 140 millones de pesos más que durante el mismo periodo de 2020. Sin embargo, Romero Cruz ha insistido en que ella no es responsable de la crisis financiera que atraviesa el Poder Judicial del Estado, solicitando, incluso, una ampliación presupuestal de 500 millones de pesos para terminar el año.