ORFIS: inevitables, evaluación y diagnóstico

Lo que hay que sostener y desde luego, llevar a la práctica para evitar o corregir malos y peores gobiernos, es pasar del decir al hacer, de la reflexión a la acción, del dicho al hecho. Sin voluntad política, la ley es letra muerta, a lo sumo el cadáver de una buena intención.

Lo que hay que hacer y apoyar, para no tener incluso que soportar y sostener a cómplices y corruptos, a delincuentes dentro y fuera de las instituciones gubernamentales, es exigir a los políticos y servidores públicos, cuando menos:

-Congruencia ante la ley, sus promesas y compromisos.

-Evaluación de todo trabajo gubernamental sin excepción.

-Diagnostico objetivo, oportuno y confiable de la situación.

-Previsión, prospectiva y planeación básicas.

-Seguimiento, control y fiscalización de todo gobierno.

-Y fortalecimiento e impulso a la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la más amplia e intensa participación social.

Institución eficiente, servidor público responsable, supervisión ciudadana permanente, así como ley vigente verdaderamente aplicable, serían o son, las bases o pilares de la presencia y razón de toda acción gubernamental, al servicio de la sociedad y en particular, de los derechos humanos.

Esto es, en otras palabras, siempre hay que distinguir entre la institución, su estructura, funciones, recursos y atribuciones; el servidor público a cargo, designado o electo, cuyo trabajo y resultados lo hace presunto responsable o irresponsable, ineficiente o delincuente; la supervisión permanente de lo que se hace, bien o mal, así como de lo que no se hace y de lo pendiente; y desde luego, el apego a las leyes que le dan origen y poder público, esto es las normas, obligaciones y principios que ordena a todos, empezando por el encargado, que tienen que cumplir y hacer cumplir.

Distinguir institución de encargado; separar seguimiento de control; no confundir deber con atribución; diferenciar decir de hacer, y reconocer objetivos de buenos deseos.

Evaluar y diagnosticar

De lo que se trata es combatir y erradicar a malos y peores gobiernos; de establecer cero tolerancias a la complicidad, corrupción y delincuencia. Desde siempre se sabe, que la mejor forma es no permitir simulación en la supervisión y fiscalización; y mucho menos en la procuración y administración de justicia.

Facilitar, sostener o promover impunidad, en cualquiera de sus formas, es abonar y apoyar delincuencia e injusticia, inestabilidad y violencia. Impunidad es colocar a alguien, o algunos, por encima de la ley y en su contra. Impunidad es propiciar crimen sin castigo.

En todo caso, evaluar y diagnosticar son imprescindibles. Hay que evaluar, hacerlo objetiva y ampliamente, tanto para tener una idea clara y actualizada del trabajo realizado, como del cumplimiento de las obligaciones.

Tener siempre presente, que se trata de humanos, no de Dioses, ni de ejemplos de la perfección. Mas, mucho más cercanos a defectos y errores, a pérdidas y fracasos.

Reconocer el esfuerzo y los buenos resultados, si los hay; pero también, identificar pendientes y lo que se hace mal. Y además, identificar los logros y los pendientes, que abundan en un país con tantos rezagos sociales, innumerables marginados y sacrificados, crecientemente agraviado, golpeado y lastimado por la delincuencia, principalmente la delincuencia gubernamental.

Participación y denuncia ciudadana.

Por cierto, que la fiscalización hoy en día tiene que ver con todo el proceso y no sólo con los aspectos contables. Limitarla exclusivamente a los aspectos financieros y administrativos, así como a métodos de registro informático y, en particular, a la contabilidad es no entender lo que hoy en día es la fiscalización, ni la magnitud y el tipo de trabajo por realizar, sobre todo después de las reformas del 2008, que ineludiblemente obligan a todos los órdenes de gobierno, a cambiar en serio.

Actitudes y malentendidos, junto con retrasos o negación a reformas pendientes, está probado, también contribuyen y apoyan a la conducta criminal en los gobiernos.

Lo primero es lo primero. Antes de nombrar, incluso de ratificar. Antes, hay que evaluar a quien, como servidor público, debe rendir cuentas y no cuentos. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuál es la situación de la institución? ¿Qué urge hacer?

Para avanzar y no seguir en más de lo mismo, o peor.

Para fortalecer la lucha contra la corrupción y la delincuencia gubernamental, antes y después del encargo, se tiene que incluir un riguroso examen de los presuntos responsables de todos los niveles; pero sobre todo, de los que deben poner el ejemplo, los que deben ser símbolo y muestra de lo que se debe hacer. Evaluar a evaluador es un derecho.

No se trata de hacer como que se hace. Evaluación y no simulación, es la primera señal de que no hay conformidad o aprobación, complicidad o impunidad.

No se trata sólo de saber quien o quienes están capacitados para asumir la responsabilidad.

De lo que se trata es de saber también, si los responsables o irresponsables, hicieron bien o no en el ejercicio del cargo. Si se les debe considerar como ineficientes, mediocres, buenos, o incluso excelentes.

Y también, si pasan de presuntos responsables a delincuentes o excelentes funcionarios.

De esta forma se puede aprender. Y lo que es más importante en la estructuración y aplicaciones de las políticas públicas: se puede partir de los aciertos y de los errores, de lo hecho y de lo pendiente. Y, desde luego, identificar lo que hay que hacer, incluyendo lo que se debe apoyar o consolidar, y lo que se debe cambiar.

Urge actualizar, modernizar y reformar el llamado órgano autónomo, que no es órgano, ni es verdaderamente autónomo, ni es superior, ni fiscaliza en tiempo real y mucho menos sanciona y consigna con rapidez, claridad y consistencia.

Para empezar recuérdese que debe ciudadanizarse, fortalecerse y ser eficaz. Es impostergable que empiece a actualizarse con las reformas pendientes, para que pueda operar también en tiempo real, controlar daños y sancionar. Pero sobre todo, debe pasar de las palabras a los hechos.

Apuntalar y ampliar , aspectos como la denuncia ciudadana, estipulada en el Artículo 77 de la obsoleta ley de fiscalización superior para el Estado de Veracruz, para que cualquier ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos, pueda no sólo presentar una denuncia solicitando la remoción del todavía llamado Auditor General y de cualquier integrante de su equipo, sino también, de su sustentado procesamiento administrativo y penal, así como la correspondiente sanción ejemplar, como consecuencia de sus irresponsabilidades, omisiones, complicidades y actividades criminales, si las hay y se prueban.

Con las tres primeras iniciativas de Enrique Peña Nieto: anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas, y comunicación social, la fiscalización cambiará aún más. Quien quiera oí.