Ya podrá valorarse quitarle la concesión a Grupo MAS: ORFIS

Luego de que el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Séptimo Circuito con residencia en Boca del Río, determinó que la auditoría al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento S.A.P.I. de C.V. (Grupo MAS), es constitucional, los resultados de la revisión se mantienen firmes y por ende, con elementos para valorar la posibilidad de revocar la concesión del servicio de agua potable.

Al manifestar lo anterior, Delia González Cobos, auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), dijo que se estará a la espera de la instrucción del Congreso del Estado para continuar con la auditoría a los ejercicios fiscales 2022 y 2023, ya que la revisión abarcó sólo los ejercicios fiscales del 2017 al 2021.

En torno a una de la conclusiones de la justicia federal de que la auditoría no tiene consecuencias jurídicas sancionatorias, aclaró que se refiere a que no habrá consecuencias jurídicas hasta que concluya en su totalidad el proceso de revisión al Grupo MAS.



Recordó que el Congreso del Estado instruyó al ORFIS a realizar una auditoría al Grupo MAS; sin embargo, la empresa que opera el servicio de agua potable en el puerto de Veracruz, se inconformó con el argumento de no manejar recursos públicos y por consecuencia la auditoría era inconstitucional.

Ante ello, el Grupo MAS se amparó y en una primera instancia, el Juez Cuarto de Distrito de Boca del Río otorgó el amparo, pero el ORFIS interpuso un recurso de revisión ante el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Séptimo Circuito y esa instancia jurisdiccional revocó la sentencia del Juez y declaró que la auditoría al constitucional.

“La determinación del Tribunal dan el soporte (legal) para otras auditorías, eso es lo valioso que veo aquí”, por lo que la justicia federal validó que el ORFIS es un ente legalmente facultado para auditar recursos públicos.



González Cobos, añadió que los resultados de la auditoría detectaron un incumplimiento de cláusulas del título de concesión, además de ingresos, a favor de la empresa, por más de 2 mil 500 millones de pesos que no se invirtieron para infraestructura, “con estos elementos podrían considerar la viabilidad de mantener esa concesión o no”.

Añadió que las medidas sancionatorias corresponden al Congreso del Estado y/o al municipio de Veracruz que fue uno de los que otorgó al concesión, pues hay que recordar que el año pasado el municipio de Medellín de Bravo se deslindó del Grupo MAS.

Al cuestionarle sobre la validez de la determinación del Cabildo de Medellín de Bravo para deslindarse del grupo MAS respondió: “No hemos tenido a la vista los documentos que así lo dispongan, que así avalen, jurídicamente no henos verificado esas acciones, pero seguramente tendremos a la mano esos documentos ahora que haremos la fiscalización (a la Cuenta Pública 2023).