Poder Judicial, en jaque: Le aprueban menos dinero del que pidió ante crisis

El Congreso del Estado autorizó que el Poder Judicial acceda a 200 millones de pesos extras a su presupuesto aprobado para el 2021, para hacer frente con ello a compromisos pendientes.

Así, el poder a cargo de Isabel Romero Cruz deberá establecer medidas extras para alcanzar los 519 millones 991 mil 348 pesos que pidió como ampliación al legislativo, ya que no le autorizó 319 millones de pesos.

El escándalo del boquete financiero del Poder Judicial se conoció hacia mediados de este año, tras el cierre de 29 juzgados y una reunión entre los integrantes del Pleno donde la presidenta confesó que no había dinero suficiente para terminar el año y era necesario recortar las percepciones de magistrados y trabajadores.

De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Hacienda del Congreso, la petición del poder judicial fue de 519 millones 991 mil 348 pesos adicionales al presupuesto aprobado para el ejercicio 2021 argumentando un déficit para el último trimestre del año de 486 millones 341 mil 348 pesos “para cumplir las funciones prioritarias jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial”.

Además, se justificó la petición en los compromisos adquiridos con la celebración de contratos de Asociación Público-Privada para llevar a cabo la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de las ciudades judiciales, que también incrementaron su costo inicial.

El oficio de solicitud estableció que había insuficiencia presupuestaria para los servicios personales y generales, aunado a que es necesario contar con 33 millones 650 mil pesos para echar a andar los Tribunales Laborales Locales “conforme al convenio de Coordinación para el otorgamiento del Subsidio para la segunda etapa de implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral”, que entrará en vigor este mes.

De la petición, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) determinó que solo tenía la capacidad de otorgar 200 millones extras del total solicitado, pues bajo las estimaciones del Gobierno de Veracruz “resulta necesario la continuidad de las políticas que permiten la aplicación de las medidas de austeridad y la observancia del principio de balance presupuestal sostenible del Presupuesto de Egresos, en beneficio de las y los veracruzanos”.