Notaria de San Andrés Tuxtla pierde patente por irregularidades

Por negligencia en el cumplimiento de su función notarial y prestar un servicio de manera deficiente, violentando gravemente los principios del Notariado Latino y diversas leyes federales, estatales y municipales, que pusieron en riesgo el patrimonio de los usuarios y en general a la propia función notarial, Martha Luisa Díaz del Castillo Viveros perdió la patente de Notaria Pública.

Además, se declaró la vacancia y el cierre de la Notaria Número 4 de la Décima Novena Demarcación Notarial con residencia en San Andrés Tuxtla de la que era titular.

Luego de una visita general de inspección practicada a finales del pasado mes de febrero, se comprobó que, durante su función, la ahora exfedataria actuó contrario a los principios de legalidad, rogación, honradez, probidad, imparcialidad, autonomía, profesionalismo, diligencia y eficacia, originando un mal uso de la Patente.



Las irregularidades encontradas fueron calificadas como faltas graves y se dio vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaria de Finanzas y Planeación, a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio Público Federal y a la Unidad de Inteligencia Financiera, para que procedan conforme a derecho corresponda.

Celina Quintero Padilla, directora general del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías y Eric Patrocinio Cisneros Burgos, secretario general de Gobierno, emitieron los Acuerdos respectivos que dan por terminado de manera definitiva el ejercicio de la función notarial de Martha Luisa Díaz del Castillo Viveros y dejan sin efecto la Patente que se le otorgó el 19 de julio del 2010, por el entonces Gobernador Constitucional del Estado.

A la sancionada se le pide que ponga a disposición de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, el protocolo y archivo que tiene bajo su resguardo y por medio del cual actúa como Notaria, toda vez que este es propiedad del Estado de Veracruz, con el apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se hará uso de la fuerza pública.



No obstante, si considera que la resolución causa perjuicio a su interés jurídico, podrá interponer el Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV), o en su caso, un recurso de revocación ante el superior jerárquico de la Dirección General, dentro de un plazo de 15 días hábiles.