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Sección: Estado de Veracruz

Municipios presionan al Gobierno de Cuitláhuac por deuda duartista

- Ayuntamientos continúan con controversias constitucionales para reclamar pago pendiente desde 2016

- Ya este año, Alto Lucero y Juchique de Ferrer interpusieron recursos

José Topete Xalapa, Ver. 05/02/2023

alcalorpolitico.com


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Cerca de una docena de municipios veracruzanos han interpuesto controversias constitucionales contra el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez por negarse a pagar ministraciones de recursos federales que quedaron pendientes desde el último año de gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Algunos recursos se promovieron este 2023.

Los últimos dos casos son los de los municipios de Alto Lucero y Juchique de Ferrer, quienes reclaman en las controversias 11/2023 y 10/2023 respectivamente, que los adeudos de recursos federales sean saldados.

Las controversias presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acusan al gobierno estatal de no querer pagar los adeudos, pese a tener los recursos, por lo que se solicita que sea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la que haga los descuentos directos y los entregue a los municipios.



Además de los municipios que este año acudieron ante la Suprema, se encuentran también los de Soledad Atzompa, Misantla, Rafael Lucio, Tatatila, Texhuacan, Tlalixcoyan, Chinampa de Gorostiza, Tenampa y Tecolutla.

En el caso de Juchique de Ferrer se reclama la omisión del Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de proceder y aplicar por analogía “con lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal”.

Es decir, afectar así las participaciones federales de la Entidad Federativa de Veracruz, “para el efecto de que la Federación pague directamente las aportaciones federales omitidas de ministrar al H. Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, Veracruz, por parte del Gobierno del Estado de Veracruz”,



Dicho municipio señala que los recursos que faltan por proveer, en el orden de los 4 millones 35 mil 73 pesos son provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), los meses de agosto, septiembre y octubre del 2016, es decir, el último que gobernó Javier Duarte de Ochoa y el mismo en el que se dio a la fuga.

Otro municipio que reclamó sus recursos fue Soledad Atzompa en la controversia constitucional 222/2022 donde acusó que el Gobierno del Estado incumplió con la obligación de ministrar los recursos federales conforme a los montos y plazos establecidos para tal efecto, por lo que, “no obstante que se le ha requerido, no ha realizado el pago de las aportaciones federales omitidas”.



En la controversia también se demandó a la administración de García Jiménez para invalidar las “órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que haya emitido para omitir la entrega de las aportaciones federales que le corresponden al municipio de Soledad Atzompa, Veracruz”.

El municipio reclama entre otros, pagos del Ramo General 33, y en lo particular al Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del año 2016.

De septiembre, indica, se debe la cantidad de 3 millones 638 mil 936 pesos; de octubre de 2016 la cantidad de 3 millones 638 mil 941 pesos, que dan un total de 7 millones 277 mil 877 pesos.



También reclamó recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE 2016 “por la cantidad de $2,500,000.. (dos millones quinientos mil pesos, 00/100 M.N.)”, así como el pago de los intereses por la omisión de pago de los recursos ya mencionados.

Otros gobiernos municipales que ya presentaron sus controversias constitucionales son los de Misantla (247/2022); Rafael Lucio (224/2022); Tatatila (223/2022); Texhuacan (245/2022); Tlalixcoyan (244/2022); Chinampa de Gorostiza (246/2022); Tenampa (221/2022) y Tecolutla con la controversia 195/2022.

En todos los casos se acusa que el gobierno de Cuitláhuac García se niega a pagar diversos montos propios de cada municipio; en algunos casos incluso se indica que los recursos fueron transferidos a la entidad y aunque no se pagaron, tampoco fueron devueltos a la federación.