El diputado Diego Castañeda Aburto, integrante del grupo legislativo de MORENA, presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política, modificando la forma de designación y remoción del titular de la Fiscalía General del Estado. Con esta propuesta, se abre la posibilidad de que la actual fiscal general, Verónica Hernández Giadáns, deje el cargo si no se somete a un procedimiento de ratificación.
Entre los cambios propuestos se incluye la reducción del periodo de gestión del titular de nueve a cuatro años, con la posibilidad de reelección condicionada al cumplimiento de objetivos. Sin embargo, la propuesta establece que, debido a la implementación de las nuevas reglas, el Congreso del Estado deberá iniciar el procedimiento respectivo para la renovación del titular del organismo. Esto significa que la actual fiscal general ya ha superado los cuatro años de temporalidad, por lo que deberá definir si busca o no la ratificación.
"Para tal efecto, tomando en consideración que la temporalidad cubierta por la actual titular ha rebasado el lapso señalado para el primer periodo de duración, por única ocasión y de manera excepcional, dentro de los dos días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, formulará el requerimiento para que, en el mismo plazo, la Fiscal General del Estado en turno manifieste si es su interés o no someterse al procedimiento de ratificación. Una vez que se obtenga el sentido de su respuesta, el procedimiento continuará conforme a los términos establecidos."
Hernández Giadáns fue ratificada para un periodo de nueve años en mayo de 2020, por lo que su periodo concluiría en 2029, tras asumir el cargo como encargada de despacho en septiembre de 2019, en sustitución de Jorge Winckler Ortiz, quien fue destituido con el argumento de no haber aprobado los exámenes de control y confianza.
"Reitero que la finalidad de la presente iniciativa radica en contar con una Fiscalía más sólida y democrática, en donde se asegure la procuración de justicia plena y eficaz, que satisfaga las necesidades de las y los veracruzanos. Que cuando acudan al ministerio público, los veracruzanos lo hagan con confianza, sean escuchados y donde se les ponga siempre en el centro de atención de toda investigación o diligencia, salvaguardando siempre su dignidad", señaló el legislador en tribuna.
Gobernador podría pedir la remoción del fiscal general
La iniciativa también redefine el procedimiento de remoción del titular de la Fiscalía. Actualmente, el Congreso del Estado sigue siendo responsable de este proceso; sin embargo, la reforma permitiría que la Gobernadora o Gobernador pueda solicitar la remoción del fiscal por causas graves, sujetas a los términos que establezca la ley, es decir, con la aprobación de las dos terceras partes del Congreso local.
La reforma establece que el Congreso seguirá siendo la instancia encargada de designar al fiscal general, aunque con una “coparticipación” del titular del Poder Ejecutivo. El Congreso del Estado deberá recibir propuestas de ciudadanos y organizaciones civiles, elaborar una lista de al menos diez candidatos y enviarla al Ejecutivo estatal, quien seleccionará una terna. Esta terna será sometida al análisis del Congreso, que decidirá mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.
En su exposición de motivos, Castañeda Aburto enfatizó que la procuración de justicia es una función fundamental del Estado y debe estar alineada con los principios de autonomía, eficiencia y respeto a los derechos humanos.
El proyecto de reforma propone, además, un esquema de evaluación periódica para el titular de la Fiscalía. Al concluir su periodo inicial de cuatro años, el desempeño del fiscal será revisado por el Congreso y el Ejecutivo. Si cumple con los criterios establecidos, podría ser ratificado para un segundo periodo.
De acuerdo con Castañeda Aburto, la iniciativa establece más requisitos para quien aspire a ocupar el cargo, señalando que ahora deberán someterse y acreditar en los términos de la ley las evaluaciones y certificaciones de control y confianza correspondientes, además de no haber desempeñado un cargo de elección popular o de dirección de un partido político un año previo a su designación. "Esta iniciativa propone el aumento de los requisitos que debe cumplir la persona aspirante al cargo con la finalidad de obtener un mayor control sobre los deberes y obligaciones que debe observar, por considerarse de evidente importancia pública y política", mencionó.
Al final de la intervención del diputado, a la iniciativa se sumaron los integrantes del Grupo Legislativo de MORENA, así como los diputados del PVEM, los del PT, la diputada de MC, Elena Córdova Molina, el legislador de MC, Adrián Sigfrido Ávila Estrada, y la diputada del PRI, Ana Rosa Valdés Salazar.