El jefe de la Oficina del Programa de Gobierno, Dionisio Eduardo Pérez Jácome, señaló que se creó en la Secretaría de Gobierno una comisión para examinar las diferentes alternativas en que menores de edad que pagan condenas por delitos menores puedan obtener su libertad.
Para el caso, dijo, se analiza lo viable de una Ley de Amnistía o el indulto. Aunque ambas opciones, tienen sus peros.
“La Ley de Amnistía tiene sus bemoles, tiene que ir al Congreso. El Congreso está en receso, tendría que tardar o convocarse a un período extraordinario después de haberla remitido a la Comisión Permanente, para que esta lo pudiera ya precisar, dictaminar y remitir a una sesión extraordinaria, pero nos llevaría semanas”, explicó.
Entrevistado en los pasillos del Palacio de Gobierno, el también responsable del área de Consultoría Jurídica del gobierno estatal manifestó que frente a esa situación, se ha visto la alternativa de hacer el beneficio factible a través de un indulto.
En este caso, reflexionó: “el indulto, que es un acto del Ejecutivo, tiene también una limitación, sólo se aplica a aquellos que tienen ya una sentencia, una resolución final... puede ser el caso de quienes eran mayores en el momento en que la edad de 16 años, que tengan una sentencia y entonces sí pueden tener un beneficio de indulto, pero necesariamente implica un conocimiento a fondo de los expedientes”.
El funcionario estatal planteó que la comisión aludida, el próximo miércoles o jueves tendrá ya una respuesta final para tratar de solucionar lo más rápidamente posible el problema que se advierte al aplicarse la nueva Ley de Responsabilidad Juvenil.
Este problema, dijo, lleva aparejado otro problema: el del local en donde se ubicaría a los menores en conflicto con al ley penal.
Pérez Jácome mencionó que si bien de había pensado en remitirlos a la Ciudad de los Niños, en el municipio de Vega de Alatorre, hubo algunas organizaciones civiles que protestaron, alegando que si bien el proyecto es muy amplio y generoso, no podría resultar conveniente la vecindad entre menores con antecedentes delincuenciales o conductas contrarias a la ley, con aquellos que van en el propósito de ampliar sus conocimientos, de esparcimiento, de conocer y tratar a menores de otros lares.
Ante ello, reveló, se ha pensado en un espacio para los menores en conflicto con la ley: “rápidamente se analizó la posibilidad de otro espacio alternativo, se localizó, y sobre ello tiene que informales Clara Luz Prieto, la secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, porque definitivamente creo que puede responder a este propósito”.
Indicó que se trata de una construcción muy avanzada que iba a ser un Centro de Readaptación Social (CERESO), pero fue limitado su último desarrollo por su vecindad con el aeropuerto de Veracruz, pero cuenta con comunicaciones, dotación de agua potable, electricidad, seguridad: “finalmente quienes estén en ese sentido en proceso de rehabilitación, o en este caso de habilitación para vivir en la sociedad, no pueden estar tampoco con una libertad irrestricta, tienen que estar sujetos a ciertos controles de presencia. Ese local podría servir”, dijo.