Injusticia para indígenas en Veracruz; 700 están presos por delitos menores

El subsecretario de Asuntos Indígenas, de la Secretaría de Desarrollo Social, Domingo Ramos Juárez, reconoce que persiste la injusticia para las comunidades indígenas, más de 700 se encuentran internos en los Centros de Readaptación Social de la entidad veracruzana y de estos la mayoría por delitos menores, sin lograr su libertad.

El funcionario estatal dijo que entre los distintos delitos que son señalados, los indígenas desconocen cómo defenderse legalmente y evitar que se abusen de sus derechos por las mismas autoridades que imparten justicia.

Esto lo reconoció después de ser cuestionado si algún indígena, al menos en la región norte, deba ser atendido por violentarse sus garantías, de lo cual aseguró “hasta ahorita ninguno”, luego sobre casos de internos que requieren ayuda, aseguro que es cuando interviene su dependencia, con el apoyo de interpretes para auxiliarles en su defensa.



Según Ramos Juárez, hasta el momento se han liberado 350 indígenas de cárceles, que precisamente la región con mayor número de internos son en el Totonacapan, “son casos mínimos, que se robo la gallina, que atropello un puerco o cosas de esas, y que nosotros hemos podido ayudar para su liberación”.

Aseveró que la ignorancia y porque son monolingües, son causas para que permanezcan sin libertad, donde los casos que se registran en el estado de Veracruz, aseguró que la permanencia de los indígenas en la cárcel son por mínimo número de meses hasta por dos años, que las largas sentencias no las hay.

Los indígenas liberados, al menos de la zona norte dijo que son originarios Chicontepec, Tantoyuca, Papantla, Zongolica, Tequila, mientras que en el sur son de la sierra de Mecayapan, Tatahuicapan y Zoteapan.



Pero lamentablemente, aun con el conocimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la joven de origen indígena Gabriela García Santiago permanece aun en el CERESO de Poza Rica, tras ya tres años de ser acusada por robo y de dictarse sentencia a siete años de prisión, pese a las pruebas a su favor ya que quienes la señalan, Georgina García González y José Arenas Carrillo, presentaron pruebas apócrifas.