INE Veracruz busca que continúe proceso de elección de jueces y magistrados

El vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, junto con otras autoridades, busca revertir la suspensión que impide llevar a cabo el proceso de elección de jueces y magistrados por voto popular tras la implementación de la llamada “tómbola judicial”.

Mientras, el Juzgado Decimoséptimo de Distrito ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a las autoridades interesadas, detener cualquier acto "de escarnio, infamantes, difamantes, humillantes y vejatorios” en contra de quienes se oponen a dicha elección extraordinaria mientras se desarrolla el juicio de amparo.

El Juzgado ordenó a las autoridades impedir “todo acto que implique desaparición forzada", pues los trabajadores que se oponen a la Reforma Judicial refieren que han sufrido ataques a su integridad personal y temen una posible persecución política “ante el discurso de odio de las autoridades”.

Esta orden se dio luego de que el vocal ejecutivo del INE en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, así como otras autoridades, interpusieron una queja en contra de un acuerdo dictado el 14 de octubre de 2024 en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 913/2024.

Los quejosos, quienes piden omitir sus nombres, buscan revertir la promulgación y publicación de la Reforma Judicial. También buscan frenar su régimen transitorio, específicamente los transitorios segundo, séptimo y decimoprimero, relativos al proceso legislativo, la votación del decreto y la convocatoria para la elección extraordinaria que renovará los cargos del Poder Judicial de la Federación.

Cabe señalar que, a la par del Vocal Ejecutivo, el Ministerio Público de la Federación también interpuso un recurso de queja en contra de la referida suspensión al proceso que le sigue a la “tómbola judicial”. Como parte del desarrollo del juicio, con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, el Juzgado Decimoséptimo de Distrito ordenó frenar cualquier acto perjudicial en contra de los quejosos, así como “cualquier acto que implique la privación de la libertad o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional”.

Además, requirió a las autoridades responsables, incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum, que dentro del plazo de 24 horas siguientes a que reciban la notificación de proveído, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión, pues, en caso contrario, podrían pedir la intervención del Ministerio Público en el caso de que atente contra la dignidad humana de los quejosos.

“Se le hace saber que la violación de esta medida suspensional entraña la comisión de un delito, conforme a lo que disponen los artículos 262, fracción III, y 266, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que, de consumarse o seguirse ejecutando los actos reclamados, se dará vista de inmediato a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita”.

Cabe señalar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito desechó el recurso de queja interpuesto por el Ministerio Público en contra de la suspensión que frena el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros.

La queja del Ministerio Público se presentó en contra de una suspensión provisional otorgada a funcionarios del Poder Judicial que impugnaron la reforma constitucional de 2024 y en su resolución el Tribunal determinó que el Ministerio Público carece de legitimación para recurrir la suspensión, al no afectar sus atribuciones en este caso.

La suspensión provisional también busca evitar que se ejecuten medidas derivadas de la reforma, como la reducción de sueldos o la extinción de fideicomisos, mientras se resuelve el amparo de fondo. El Tribunal también confirmó que la suspensión no afecta el interés social ni contraviene disposiciones de orden público, destacando que su objetivo es garantizar la independencia judicial. Asimismo, rechazó que la medida cautelar interfiera con la implementación de la reforma constitucional.