Impulso a la educación superior

La semana pasada fue aprobada en la Cámara de Diputados y Diputadas la Ley General de Educación Superior. Conforme al trámite legislativo, pasó para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esta ley es un gran impulso a la educación superior no solo por su carácter general; sino por los criterios y fines que promueve y le imprime a la educación terciaria; así como por la planeación, ejecución y evaluación de políticas públicas que ordena y regula, en un marco de coordinación entre las autoridades educativas y las Instituciones de Educación Superior (IES).

En efecto, con el Dictamen que aprobó dicha Ley General también se abrogó la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, con lo cual nuestro país contará con una norma -reglamentaria del artículo 3º de la Constitución Federal en materia de educación superior- de mejor alcance y mayor regulación, todo ello fundamental para el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país.

Algunos de los criterios en que se basará la construcción de saberes en y desde la educación superior son, entre otros, los de contribuir “al mejoramiento de los ámbitos social, educativo, cultural, ambiental, económico y político”; la construcción de relaciones sociales, económicas y culturales “basadas en la igualdad entre los géneros y el respeto de los derechos humanos”; el respeto y cuidado del medio ambiente”; así como el desarrollo de “habilidades socioemocionales que permitan adquirir y generar conocimientos, fortalecer la capacidad para aprender a pensar, sentir, actuar y desarrollarse como persona integrante de una comunidad”. Ahora bien, algunos criterios en sí en que se orientará la educación superior son el reconocimiento del derecho de las personas a la educación y gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica; la inclusión para que todos los grupos sociales de la población, de manera particular los vulnerables, participen activamente en el desarrollo del país; la igualdad de oportunidades que garantice a las personas acceder a la educación superior sin discriminación; la pertinencia en la formación de las personas que cursen educación superior conforme a las necesidades actuales y futuras para el desarrollo nacional.



Entre los fines de la educación superior está, por solo citar uno, el de ampliar las oportunidades de inclusión social y educativa para coadyuvar al bienestar de la población”, lo cual -me perece- se lograría mediante la gratuidad, misma que se implementará de manera progresiva a partir del ciclo 2022-2023, así como la obligatoriedad que se dará a través de acciones que promueva el Estado para apoyar el incremento de la cobertura, mejora de la distribución territorial y la diversidad de la oferta educativa.

Por su parte, en cuanto a planeación destaca, entre otras cuestiones, que cada Entidad Federativa deberá contar con una Comisión Estatal precisamente para la “Planeación de la Educación Superior o instancia equivalente para la coordinación local de las estrategias, programas y proyectos, así como para la planeación del desarrollo de la educación superior”. Adicionalmente, habrá un Programa Nacional de Educación Superior que incluya “objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y metas globales”, el cual será actualizado cada cinco años e incluirá una visión prospectiva y de largo plazo. Mientras que en las Entidades Federativas las autoridades educativas respectivas deberán elaborar un “Programa Estatal de Educación Superior, con un enfoque que responda a los contextos regionales y locales de la presentación del servicio de educación superior”.

Igualmente, deberá haber un sistema de evaluación y acreditación de la educación superior el cual, entre otros, observará los criterios siguientes: detección de aspectos a corregir, mejorar o consolidar; seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias y acciones así como el planteamiento de recomendaciones de mejora continua; fomento de la evaluación, la formación y capacitación permanente de actores, instituciones y procesos; de rigor metodológico y apego estricto a criterios académicos en los procesos de evaluación y acreditación.



Asimismo, las IES deberán desarrollar “procesos sistemáticos e integrales” de planeación y evaluación de carácter interno y externo de los procesos y resultados de sus funciones sustantivas y de gestión, “incluidas las condiciones de operación de sus programas académicos, para la mejora continua de la educación y el máximo logro de aprendizaje de las y los estudiantes”.

De particular interés resultará el informe anual sobre el estado que guarde la educación superior en el país que, de manera concurrente, las autoridades educativas federal y estatales deberán elaborar coordinadamente, “el cual deberá incluir un enfoque de mejora continua, la definición de áreas estratégicas y programas prioritarios, así como la información contable, presupuestaria y programática del sector”.

También en cuanto a evaluación, corresponderá a la Secretaría de Educación Pública supervisar el sistema de evaluación y acreditación de la educación superior, mientras que a las autoridades educativas de las Entidades Federativas ejecutar acciones para fomentar tal cultura de evaluación y acreditación entre las IES.



En suma, la recién aprobada Ley General de Educación Superior es un gran impulso a la educación postsecundaria; fija con contundencia los altos valores que han de perseguirse con ésta; ordena la planeación, ejecución y evaluación de políticas públicas; y es -sin duda- una valiosa oportunidad para que desde la Universidad Veracruzana se asuma, con liderazgo, el reto a que convoca la Soberanía Popular a través del Poder Legislativo: ampliar la cobertura, garantizar la calidad y mejorar su gestión.