Ir a Menú

Ir a Contenido

Sección: Estado de Veracruz

Habitantes de Ixtac fueron amenazados por oponerse al proyecto de periférico Córdoba-Orizaba

Señalan directamente al agente municipal Miguel Antonio Zacamecahua

Benito Ju?rez Ram?rez Ixtaczoquitl?n, Ver. 23/02/2016

alcalorpolitico.com


Click para ver fotos
Habitantes de la comunidad de Campo Chico, municipio de Ixtaczoquitlán, aseguraron ser amenazados de muerte por oponerse a la construcción del proyecto del periférico Córdoba-Orizaba.

Estos habitantes, señalan directamente al agente municipal Miguel Antonio Zacamecahua Flores.

Mediante un escrito enviado al gobernador Javier Duarte de Ochoa y a los secretarios de Gobierno, de Seguridad Pública, así como de la Fiscalía General, informan que la autoridad municipal, les ha dicho que abandonen su lucha, porque de lo contrario, el Gobierno les dará un susto en sus viviendas.



En el comunicado expresan, “Exigimos que cesen las amenazas en contra de los habitantes del ejido de Campo Chico por parte del agente municipalasí como del hostigamiento por parte del secretario del Ayuntamiento, Francisco Vázquez que ha cometido en contra de los comisariados ejidales a quienes les ha dicho que vendan porque es una decisión del Gobierno y contra él nadie puede oponerse”.



Ese documento que firma el Frente de Resistencia contra el Periférico Córdoba-Orizaba sostiene que: “asimismo, denunciamos que el comisariado de Zoquitlán Viejo, de nombre Fermín Antonio Aguilar, les manifestó a los ejidatarios que no se opongan a la construcción del proyecto, porque si lo hacen va a llegar la Policía Estatal, el Mando Único, la Marina y el Ejército y los van a sacar de sus propiedades por la fuerza”.

Los afectados demandan que cesen las amenazas y hostigamiento en contra de los habitantes de Campo Chico, Campo Grande, Zoquitlán Viejo y ex Hacienda de Tuxpango.

Asimismo piden que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física de los afectados por el proyecto Periférico Córdoba-Orizaba y sus familias.



Los inconformes responsabilizan a las autoridades de los tres niveles de gobierno en caso de cualquier atentado que sufran con sus familias; así como sus bienes patrimoniales.