Pese al flujo de recursos para las familias más vulnerables, el Gobierno de Veracruz carece de un análisis, un seguimiento o una evaluación pública de los programas sociales ejercidos de enero a diciembre de 2023.
Al publicar el informe “Diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación en las entidades federativas 2023”, el Consejo Nacional de Evaluación a la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) exhibe un deficiente seguimiento y evaluación de la política local de combate a la pobreza en Veracruz.
El CONEVAL realiza dicho análisis a las 32 entidades respecto de los instrumentos normativos (leyes) y prácticos (cumplimiento) que intervienen en la consolidación de un sistema de monitoreo y evaluación en los estados.
Del informe de 86 páginas, el Consejo recoge que de 2021 a 2023 el Gobierno del Estado de Veracruz junto con Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero y Sonora disminuyeron su puntuación dentro del elemento número 7 del análisis, referente al “Monitoreo y Evaluación”.
Esto luego que el CONEVAL no identificó evidencia pública de las evaluaciones de programas sociales ni del seguimiento a sus resultados, ni de la elaboración de estudios, diagnósticos, investigaciones o análisis en materia de desarrollo social.
En lo concerniente a Veracruz, el Consejo recomienda atender “mejoras en la normativa del área responsable de realizar y coordinar la evaluación y el contenido que se debe publicar de las evaluaciones”. En cuanto a lo normativo, destaca que la Ley de Desarrollo Social de Veracruz arrastra deficiencias en lo referente a establecer un padrón de beneficiarios, la publicación de las evaluaciones, el área responsable de la evaluación y la atribuciones de esta.
Y entre los puntos débiles, el Consejo exhibe que la normativa no especifica que dentro de la publicación de evaluaciones, éstas deban contener los datos generales de quien realizó la evaluación, el costo y un resumen ejecutivo.
Además que la normativa estatal (la Ley de Desarrollo) no establece que el área responsable de realizar o coordinar la evaluación de los programas deba tener personalidad jurídica, autonomía técnica y de gestión.
Y en cuanto a la aplicación de la Ley de Desarrollo Social, el CONEVAL detecta insuficiencias en cuanto a la difusión de información de programas, seguimiento a los resultados de las evaluaciones y los estudios, diagnósticos e investigaciones.
El CONEVAL identificó que las evaluaciones no comprometen plazos a los resultados para cumplir las acciones involucradas en el seguimiento y que los estudios e investigaciones en materia de desarrollo social que ha realizado la entidad no contienen propuestas de acciones para solucionar la problemática en cuanto a la pobreza.