La cancillería reconoció que no "está en manos" del gobierno mexicano resolver el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, mientras exista ese mercado de consumo, por lo que su labor se centra en desviar las rutas de trasiego hacia otras naciones.
En reunión con diputados federales, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Carlos Rico Ferrat, también indicó que en México operan 62 agentes de la DEA, pero aclaró que en la administración del presidente Felipe Calderón no se ha autorizado incrementar ese número que existe desde administraciones anteriores.
Ante preguntas de legisladores perredistas y priistas, rechazó que sean más los agentes de la DEA con presencia en México y dijo que existe una confusión porque hay 200 policías mexicanos que están certificados para apoyar las labores de los elementos extranjeros.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, Rico Ferrat reconoció que está fuera del alcance del gobierno frenar el tráfico de drogas a Estados Unidos.
Agregó que el problema del tráfico de drogas no lo resolverá México en tanto no se frene el consumo en Estados Unidos y reveló que el objetivo del gobierno mexicano es "desviar las rutas hacia otras partes, hacia otros países".
Al explicar la situación de la Iniciativa Mérida, Rico Ferrat rechazó cualquier posibilidad de legalizar el consumo de drogas, al señalar que esa situación no frenará el tráfico ni la operación de los cárteles de la droga.
"No hay nada que asegure que la droga no va seguir llegando" a quienes la consumen.Expuso que en el marco de la Iniciativa Mérida hay muchos componentes de tecnología como son los helicópteros, polígrafos de última generación para certificar policías, pero "no hay ninguno de escucha telefónica, es una decisión que se tomó desde el primer día de la negociación con el gobierno de Estados Unidos".
Rico Ferrat sostuvo que al gobierno mexicano le interesa la prohibición de armas en Estados Unidos, ya que surten a los cárteles de mexicanos, pero no es el único tema, ya que también está una reforma que obligue a los estados a acatar los fallos de la Corte de esa nación en casos de pena de muerte.
Aseguró que gracias a la Iniciativa Mérida ya se ha empezado a " mapear " las rutas por donde están ingresando las armas a México y recordó que en lo que va de la actual administración se han decomisado dos mil granadas de fragmentación en el territorio nacional.
El funcionario dijo que se debe reconocer que hay una tradición de los migrantes mexicanos que a su regreso a México "compran una o dos armas" en Wal Mart o Sears para revenderlas en su comunidad, incluso como una forma de financiar el viaje a sus lugares de origen.
"De ese tipo de contrabando se compone 90% del tráfico de armas, pero ese no nos interesa. Nos interesa el restante 10%, que son armas de asalto, granadas de fragmentación", como las que usaron en Morelia, Michoacán en septiembre de 2008.
Rico Ferrat se refirió también al caso de las aduanas mexicanas y la necesidad de modernizarlas para contar con equipos de detección de drogas y armas, para no afectar el comercio y tránsito de personas en la frontera norte.
En tanto, el diputado federal priista, Edmundo Ramírez, planteó que en Estados Unidos " no se ponen de acuerdo si a las autoridades federales o estatales les corresponde legislar o prohibir la venta de armas, lo cual surte a los sicarios y delincuentes mexicanos.
"Hay 12 mil puntos de venta desde San Diego a Brownsville, más cientos de ferias de armas, que donde el hampa mexicana compra arsenales y no hay una definición del gobierno de Estados Unidos sobre quién debe actuar o legislar. Son las armas que están matando soldados, policías y civiles mexicanos", subrayó.