Motorrepartidores se manifestaron frente al Palacio de Gobierno bloqueando la calle Enríquez, para exigir la intervención de la gobernadora Rocío Nahle para que liberen a su compañero Enrique Julián Rivera, de quien aseguraron que está siendo inculpado injustamente de un robo de casi medio millón de pesos.
“Él no es culpable de lo que pasó. Ahorita está en Pacho, los abogados y los doctores están revisándolo porque lo golpearon. Llegaron a la casa ayer al mediodía, la policía lo estuvo nada más interrogando 5 minutos y llegaron los de la camioneta blanca. Los de la camioneta blanca llegaron, empujaron y lo golpearon y a los vecinos que intentaron defenderlo”, comentó el hijo del detenido Isaac Kenai Nava.
El entrevistado recriminó el actuar del oficial de la policía ministerial Juan Hernández Huerta, a quien acusó de abuso de autoridad pues dijo que con agresividad golpeó a su padre y a los vecinos, además de que no les comunicó hacia donde lo llevarían. La detención ocurrió en la calle Niños Héroes de la colonia Independencia el día de ayer.
Explicó que los hechos ocurrieron en noviembre del año pasado y lo están acusando por un robo de medio millón de pesos en joyería y artículos valiosos, ya que en ese cuando una empleada del domicilio de la persona demandante dijo haber recibido una llamada de extorsión pidiéndole que le enviaran artículos de valor y que alguien iría por ellos.
Agregó que para ello fue contratado Enrique, quien como todo repartidor no estaba enterado de lo que estaba transportando ni de la situación, ya que no tienen permitido abrir los paquetes.
En este sentido exigieron una investigación profunda del caso, pues aseguraron que están haciendo “pesquisas” al azar para dar carpetazos, involucrándolo en el caso injustificadamente, además de que no le notificaron antes de la detención.
“Queremos justicia, que hagan una investigación más profunda porque mi familia y yo estamos sufriendo, tengo una hermana de 12 años y también a mi mamá que está cargo de ella, yo puedo hacerme cargo de mí por mi trabajo pero no nos da abasto, él es principalmente el cabeza de familia que nos está apoyando económicamente y lo queremos sacar lo antes posible”, expresó el joven de 19 años de edad.
Los manifestantes dijeron que esta situación es algo a lo que pudieran estar expuestos todos los repartidores, en los que pudieran ser incriminados en situaciones similares por la vulnerabilidad de su trabajo.