Exgobernador Javier “N” seguirá bajo proceso por desaparición forzada

Un Juez en Etapa de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Pacho Viejo, en Coatepec, amplió por otro año la medida cautelar de prisión preventiva justificada decretada en contra del exgobernador de Veracruz, Javier “N”.

Como parte de una audiencia de revisión de medida cautelar, la autoridad jurisdiccional local determinó que la prisión aplicará a partir de noviembre de 2023, previa petición de la Fiscalía General de Veracruz.

“(…) celebró audiencia de revisión de medida cautelar dentro del proceso penal … de su índice, previa petición de la Fiscalía, en la que resolvió ampliar por un año más la medida cautelar de prisión preventiva justificada (…), contando a partir del diecisiete de noviembre de 2023”.



Javier “N” se encuentra sujeto a investigación como parte del proceso penal número 103/2018, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada en agravio del expolicía de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) David Lara Cruz.

Actualmente el Exgobernador se encuentra cumpliendo una sentencia de nueve años de prisión tras haber admitido su culpabilidad por lavado de dinero y asociación delictuosa y sigue buscando librar el proceso vinculado con la desaparición forzada del elemento de seguridad.

La investigación de la Fiscalía revela que el 12 de enero de 2016, Lara Cruz fue detenido después de presentarse a realizar pruebas de Control de Confianza en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Según la Fiscalía, sus compañeros lo detuvieron al salir de estas instalaciones, sin dejar registro oficial de tal acción.



La carpeta de investigación 169/2016 se inició cinco días después de su desaparición, el 17 de enero, y apenas dos días más tarde, el 19 de enero, se descubrieron restos humanos en La Barranca de La Aurora, en la Localidad de la Tinaja, en Emiliano Zapata, entre ellos el cuerpo de David Lara Cruz.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que hubo manipulación de información por parte de funcionarios a cargo de la investigación. Se acusa a Gilberto Aguirre Garza, director de los Servicios Periciales, de instruir a un perito criminalista para informar solo sobre el hallazgo de seis cuerpos, ocultando el descubrimiento de los cuerpos restantes, incluyendo el de Lara Cruz y otros 12 individuos aún sin identificar.

Asimismo, se señala a Carlota Zamudio Parroquín, responsable de la Delegación Regional de Policía Ministerial, por alterar el informe sobre el hallazgo, reduciendo el número de cuerpos reportados a seis, obviando la presencia de los restos de Lara Cruz y otras personas desconocidas.



Según la Fiscalía, se ordenó a un perito en dactiloscopía que había identificado a Lara Cruz, no informar sobre los resultados. Además, se alega que se trasladó el cuerpo de David Lara a un lugar distinto para simular su descubrimiento en la localidad de Santa Ana, en el municipio de Alto Lucero.



Tras su vinculación en 2022, Javier “N” señaló que, durante la audiencia con la que quedó vinculado a proceso y que tuvo una duración de 30 horas, la Fiscalía presentó la declaración de Gilberto Aguirre en su contra, misma que fue desestimada por el juez.



Abundó que esto ocurrió porque la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), presidida por Namiko Matzumoto, demostró que dicho dato de prueba fue obtenido mediante actos de tortura de la Fiscalía de Jorge Winckler.