Exdocentes del ISMEV acusan patrón de hostigamiento, precarización y castigo institucional

Docentes del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz (ISMEV) protestaron este miércoles al exterior del plantel para denunciar despidos que calificaron como injustificados e ilegales, así como presuntas irregularidades administrativas que, aseguran, vulneran sus derechos laborales y afectan la continuidad académica de los estudiantes.

De acuerdo con el docente Andrei Katsarava Ritsk, maestro de violín, viola y música de cámara, el conflicto se originó el 15 de diciembre de 2025, cuando 11 profesores, algunos con hasta 23 años de antigüedad, fueron despedidos sin seguir un procedimiento legal. Explicó que la notificación se realizó mediante una junta informativa y a través de un documento sin firmas responsables, sin membrete institucional y sin respaldo formal de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), además de que no hubo presencia de representantes legales.

El académico señaló que los docentes afectados mantienen desde 2018 juicios laborales activos contra la propia SEV para la defensa de derechos como el reconocimiento de antigüedad, estabilidad laboral y mejoras salariales. Indicó que varios de esos procesos han sido resueltos a su favor mediante laudos firmes, sin que la autoridad educativa haya acatado las resoluciones, optando por interponer amparos y, posteriormente, proceder con los despidos. Añadió que, tras la notificación, el instituto anunció la apertura de plazas para cubrir los puestos que ocupaban los docentes despedidos, lo que consideró una represalia directa contra quienes recurrieron a instancias legales.



Señaló además que esta situación ha generado afectaciones directas a los alumnos, quienes han expresado su respaldo al ver interrumpida la continuidad de su formación artística. Katsarava Ritsk expuso que el contrato utilizado como argumento para justificar los despidos fue firmado en marzo de 2025 bajo condiciones de presión, luego de que los profesores permanecieran alrededor de 2 meses sin percibir salario, pese a continuar impartiendo clases.

Detalló que dicha retención salarial fue utilizada como mecanismo para imponer contratos temporales de 9 meses, una figura que nunca había regido su relación laboral dentro del instituto. El docente afirmó que, pese a oficios y quejas presentadas en distintas administraciones, los profesores nunca fueron considerados para mejoras laborales establecidas por Ley, lo que derivó en las demandas interpuestas desde 2018.

A su juicio, los hechos configuran un patrón de hostigamiento, precarización y castigo institucional contra quienes exigieron el cumplimiento de la normatividad. Indicó que los docentes ya han entregado oficios y documentación a diversas autoridades estatales y llamaron a la sociedad y a los medios de comunicación a visibilizar la situación, al considerar que la educación artística y la vida cultural no pueden sostenerse sobre la vulneración sistemática de los derechos laborales.

Y volvieron a protestar

Posteriormente, protestaron por segunda ocasión consecutiva este miércoles para denunciar actos de despido injustificado en contra de 11 trabajadores. Ulises Uruña Prado, docente del área Infantil del Ciclo Propedéutico de los Talleres de Educación Continúa y Canto, denunció que a él y a otros trabajadores se les negó el acceso a su centro de trabajo, sin notificación formal ni sustento legal.

Relató que el pasado 15 de diciembre fueron citados de manera individual por una persona que, de forma verbal, se ostentó como integrante de la Secretaría Particular de la titular de la Secretaría de Educación, Claudia Tello, quien les informó que la relación laboral concluiría el 31 de diciembre.

Sin embargo señaló que nunca se les explicó el motivo ni se les entregó documentación oficial que respaldara la decisión. Dijo que las personas que acudieron a comunicar la medida no proporcionaron su nombre completo ni acreditaron de manera formal su representación, pese a que en la reunión estuvieron presentes el director del plantel y el subdirector académico.

Uruña Prado subrayó que los docentes manifestaron su inconformidad, ya que mantienen una relación laboral con la institución de más de 23 años, durante los cuales han enfrentado diversas violaciones a sus derechos y situaciones de acoso laboral, particularmente en la etapa más reciente de la administración pública. Explicó que en febrero del año pasado se les retuvo el salario como una forma de presión para obligarlos a firmar contratos que calificó como fraudulentos, ya que históricamente no habían firmado contratos individuales. Afirmó que esta práctica constituye una coacción ilegal que invalida cualquier acuerdo laboral.

Recordó que desde 2018 acudieron al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, instancia que reconoció sus derechos laborales y emitió laudos favorables a varios compañeros, acreditando que existieron violaciones y que la ley los ampara. No obstante, acusó que actualmente son las propias autoridades quienes obstaculizan el acceso a la justicia, retrasan los procedimientos y buscan orillarlos a un despido injustificado como una estrategia para desgastarlos y lograr que desistan de sus demandas. Finalmente, lamentó que, pese a los cambios y reformas en el sistema judicial que prometían una justicia pronta y expedita, en la práctica se esté actuando en sentido contrario, y reiteró el rechazo de los docentes al acoso laboral del que aseguran ser víctimas.