El secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, reconoció que de los 2 mil 244 elementos que pertenecían a la extinta Fuerza Civil apenas han sido evaluados el 43 por ciento, pero el funcionario no pudo contestar cuántos han aprobado los exámenes de control y confianza que les aplicaron.
Durante la primera ronda de preguntas y respuestas, como parte de su comparecencia ante los diputados locales, reconoció que los procesos de control y confianza de estos elementos se quedarán como otro pendiente que dejarán para la administración que encabezará la gobernadora electa, Rocío Nahle.
Al responder los cuestionamientos de la diputada panista, Indira de Jesús Rosales San Román, en torno a la extinción de la Fuerza Civil luego de los hechos ocurridos en la localidad de Totalco, en Perote, en donde elementos abatieron a 2
campesinos, el funcionario no pudo responder cuántos efectivos lograron pasaron los exámenes, pero afirmó que en estos casos son dados de baja de la institución.
“El personal que no aprobó los exámenes de control y confianza son remitidos a Asuntos Internos, que hace la valoración, abre carpeta de investigación y los remite a Comisión de Honor y Justicia, que determina la sanción correspondiente dependiendo de la falta; en caso del examen control y confianza es baja o separación definitiva porque es requisito de permanencia”, indicó.
Sobre el caso Totalco dijo que han coadyuvado con las fiscalías tanto de la República como del Estado en todos los requerimientos que les han hecho y que hasta el momento van 4 elementos detenidos que están en proceso de determinar su situación jurídica.
Comentó que tras la extinción de la Fuerza Civil los elementos han sido enviados a atender a la población afectada por las inundaciones en el sur del estado y han puesto en marcha el Plan Tajín.
“La totalidad del personal que pasó a la Subsecretaría de Operaciones ha recibido capacitación en grupos de 50 elementos semanales, antes de integrarse a la Dirección de Proximidad que está enfocada en tener proximidad social, los empleados par apoyos a sociedad civil, en las inundaciones del sur ellos han apoyado en las labores del Plan Tajín”, dijo.
PAN lanza crítica el “auto-aplauso”
La diputada panista lamentó que en la comparecencia el secretario haya acudido a “vanagloriarse” cuando la entidad es primer lugar a nivel nacional en secuestros y el segundo en extorsión.
“En nada abona a la seguridad de los veracruzanos venir y vanagloriarnos como si viviéramos en Islandia cuando vivimos en un estado inseguro, y tan es así que Veracruz es primer lugar en secuestros, segundo en extorsión y tercer lugar en robo con violencia a comercios. Tomar el tema con seriedad, más allá de venir a aplaudirnos cuando el día de hoy Veracruz vive en seguridad”, dijo.
La respuesta del titular de SSP fue que los datos presentados no son datos que hayan fabricado, sino son los reportados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“No podría negar que ocurran eventos como lo ocurren en cualquier parte del país y cualquier país, no hay uno que logre tener su incidencia delictiva en cero, se ha hecho un gran esfuerzo”, justificó.
Zúñiga Bonilla también reconoció que ha habido una disminución en el número de elementos de la SSP entre 2023 y 2024, al reducirse en al menos 500 elementos de un año a otro, refiriendo que esto se debe en parte a que algunos no pasan los exámenes de control y confianza, o porque son sancionados por pedir “moches”.
“El año pasado llegamos a ser poco más de 7 mil elementos, pero derivado de un análisis que hicimos, vimos deficiencias en cuanto al comportamiento de elementos. Preferimos la recapacitación de los 7 mil elementos, de tal manera que el CEIS inició la recapacitacón. Disminuyó a 6 mil 500 porque algunos piden bajas, otros son sancionados”, mencionó.
Rosales San Román comentó que en el informe de 2023 el titular de la SSP reportó que eran 7 mil 064 elementos y este año el número bajó casi 500 elementos.
Sobre el caso de la ex trabajadora de SSP, Mayra Vanessa Osorio que el pasado 17 de octubre denunció su despido luego de que se negó a “hacerse responsable” de un presunto desvío de 5 millones de pesos, al afirmar que el jefe de Recursos Materiales y otros funcionarios de la SSP querían obligarla a firmar un documento, el titular afirmó que se trató de un tema mediático.
“No hay tema de desvío, sino tema mediático, ya se hizo revisión del caso y no hay ningún desvió y las acusaciones obedecen a un tema de inconformidad por separación del cargo”, aseveró.