En último año, se dispararon casos de acoso sexual en dependencias estatales

El contralor general del Estado, Miguel Ángel Olivares Martínez, confirmó que en el último año de la administración de Cuitláhuac García Jiménez se dispararon los casos de acoso y hostigamiento sexual en dependencias estatales.

Durante este periodo, detalló, se aplicaron 12 sanciones a servidores públicos y, según el funcionario, no ha habido “carpetazos”.

En su comparecencia ante el Congreso local, Olivares Martínez reveló que, a lo largo de los seis años de gobierno, se registraron 331 quejas por acoso y hostigamiento sexual en la administración pública estatal.



Estas denuncias fueron presentadas tanto por mujeres como por hombres empleados en distintas dependencias.

“En el periodo mencionado, los Órganos Internos de Control han reportado 331 casos de acoso y hostigamiento sexual en toda la Administración Pública Estatal (…) De esos 331 casos, los Órganos Internos de Control de la Contraloría General en cada una de las dependencias tuvieron conocimiento”, declaró el contralor.

Agregó que, del total de quejas presentadas, 112 están actualmente en proceso de investigación, mientras que en 43 casos ya se emitieron informes que señalan presunta responsabilidad administrativa. Olivares detalló que la Contraloría ha avanzado hasta emitir 12 resoluciones sancionatorias.



Cabe señalar que en marzo de 2023 la antecesora del contralor, Mercedes Santoyo Domínguez, informó a los medios de comunicación que existían 170 quejas, lo que significa que los casos prácticamente se duplicaron a partir de esa fecha.

Sobre el procedimiento sancionatorio, Olivares Martínez explicó que una vez que se detectan elementos que presuman la comisión de acoso o hostigamiento, el caso es llevado ante la Dirección General de Responsabilidades Administrativas. Esta instancia inicia el procedimiento formal que incluye la realización de audiencias, la presentación de pruebas por parte de los acusados y, en última instancia, la emisión de una resolución.

“En este periodo se emitieron 12 resoluciones y las 12 son sancionatorias, entonces no hay cabida para carpetazos”, afirmó Olivares Martínez.



Denuncias en Invivienda

Uno de los casos más señalados en medios de comunicación corresponde al Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA), donde el gerente general, Hazael Flores Castro, fue acusado por trabajadoras y trabajadores de acoso, despidos injustificados y cambios arbitrarios de adscripción. De acuerdo con las víctimas, Flores Castro también habría emitido comentarios ofensivos hacia las empleadas, llegando a referirse a sus cuerpos de manera despectiva.

En relación con estas denuncias, el contralor señaló que el caso fue revisado por el Órgano Interno de Control, el cual determinó que no existían elementos suficientes para acreditar la conducta denunciada. Sin embargo, añadió que la parte afectada interpuso un recurso de inconformidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV).



“El nuevo diseño del Sistema Anticorrupción y de las sanciones de responsabilidades administrativas permite a la parte interesada interponer un recurso en contra de alguna determinación, como lo es un acuerdo de conclusión y archivo, lo que antes se llamaba carpetazo”, explicó el contralor.

Actualmente, el caso continúa en revisión por el TRIJAEV, que es una autoridad autónoma e independiente. Olivares reiteró que, bajo el nuevo marco normativo, ya no existe la figura de “carpetazo” y que cualquier determinación puede ser impugnada por los afectados.

Durante la sesión, Olivares Martínez enfatizó que en la propia Contraloría no se han presentado casos de acoso o hostigamiento sexual. Asimismo, destacó que los procedimientos administrativos relacionados con estas denuncias son llevados con exhaustividad y garantizan el derecho de audiencia de los servidores públicos señalados.