Cuitláhuac y gobernadores salen en defensa de la prisión preventiva oficiosa

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez se sumó a homólogos de otras entidades y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para hacer un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que mantengan la prisión preventiva oficiosa en la Constitución.

En Twitter, el morenista compartió un documento firmado por otros mandatarios en el que argumentaron que el máximo tribunal del país no tiene la facultad de redactar o reformar la Constitución.

“Las gobernadoras, los gobernadores y la Jefa de Gobierno abajo firmantes exhortamos a la SCJN a respetar la Constitución, no tienen la facultad para modificarla y por lo tanto el artículo 19 de la Carta Magna debe prevalecer en sus términos”, posteó García Jiménez.



En el mensaje reiteraron que en el país hay una disminución de la incidencia delictiva ligada a la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.

“El dilema, remarcamos, no es el número de personas que se encuentran en prisión preventiva, sino cómo garantizamos la justicia a la víctima cuando el delincuente sigue afuera amenazándola o descaradamente delinquiendo”, dice el documento.

Además, los firmantes insistieron en que dejar sin efecto lo plasmado en el Artículo 19 de la Constitución no es una atribución que le corresponda a la SCJN.



“Tal y como lo reconocen algunos ministros, integrantes de la Suprema Corte NO TIENEN LA FACULTAD PARA REDACTAR O REFORMAR LA CONSTITUCIÓN, mucho menos cuando el Artículo 19 en cuestión NO FUE IMPUGNADO POR LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS NI POR NADIE EN SU MOMENTO DE DECRETO NI EN LOS TIEMPOS QUE PREVEE LA LEY PARA TAL EFECTO (sic)”.

Cabe recordar que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó hasta el próximo jueves la votación de las dos acciones de inconstitucionalidad que impugnan las reformas al artículo 19 de la Constitución Mexicana.



Dichas reformas ampliaron el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa para incluir delitos fiscales, enriquecimiento ilícito y delitos de carácter electoral.