Cuitláhuac cerró su gobierno ignorando a Derechos Humanos y víctimas de abusos

En los últimos dos años, las instituciones públicas en Veracruz han mantenido una tendencia de rechazo a las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), afectando directamente a las víctimas de violaciones a sus derechos.

En 2023, el 53 por ciento de las dependencias rechazaron las recomendaciones emitidas, y en lo que va de 2024, el porcentaje se mantiene en 47 por ciento hasta la fecha.

“A la Comisión Estatal de Derechos Humanos no le impacta; les impacta directamente a las víctimas que ya de por sí están padeciendo los efectos de la vulneración de sus derechos humanos. Que la autoridad diga que no, es como una doble victimización”, afirmó Namiko Matzumoto Benítez, presidenta de la CEDH.

Las cifras reflejan un patrón de rechazo que no ha cambiado. En 2024, la CEDH emitió 87 recomendaciones, de las cuales solo 35 fueron aceptadas, 19 están bajo análisis y 31 ya fueron rechazadas. Los casos incluyen desde la negación de servicios de salud hasta desapariciones forzadas y tortura, involucrando principalmente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado.

La negativa de las instituciones a aceptar las recomendaciones de la CEDH obliga a las víctimas a recurrir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), lo que prolonga el tiempo necesario para obtener una resolución. En 2023, la situación fue similar: de las 100 recomendaciones emitidas, más de 50 fueron rechazadas.

El rechazo a las recomendaciones ha aumentado progresivamente en los últimos años. En 2019, el porcentaje de rechazo fue del 12.79 por ciento, mientras que en 2020 se mantuvo en 12.1 por ciento. En 2021 disminuyó a 8 por ciento, pero en 2022 subió considerablemente a 19.38 por ciento.

“Lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos esperaría es que, cuando se acredita que hubo una violación de derechos humanos, la entidad recomendada admita la recomendación. De no hacerlo, se transgreden los derechos de las víctimas que han quedado acreditadas en la recomendación”, enfatizó Matzumoto.

La negativa de las dependencias públicas no solo se convierte en un obstáculo administrativo, sino que también agrava la situación de las víctimas, quienes ven cómo se prolonga el proceso para recibir una reparación adecuada. Esta demora afecta particularmente a las personas que sufrieron violaciones graves a sus derechos.

“Más allá de una compensación, que es solo una de las medidas reparatorias, se busca que las víctimas tengan acceso a herramientas que les permitan superar su situación de vulnerabilidad y retomar su proyecto de vida, que es lo deseable para todas ellas”, explicó Matzumoto.

Dependencias clave como la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y varios ayuntamientos han sido señaladas por su negativa a aceptar las recomendaciones de la CEDH.