Congreso pide al Poder Judicial “revisión minuciosa” de caso Sandra Giraldi

Luego de la manifestación de familiares de la joven Sandra Jeniffer Giraldi —desaparecida desde septiembre de 2012— por la liberación de un presunto implicado, la Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas en el Estado del Congreso de Veracruz pidió al Poder Judicial efectuar una revisión minuciosa del caso.

Las diputadas integrantes de la referida Comisión, Elizabeth Cervantes de la Cruz y Rosalinda Galindo Silva, presidenta y secretaria, respectivamente y Mónica Robles Barajas, Nora Jessica Lagunes Jauregui y Erika Ayala Ríos, vocales, externaron que todas y cada una de las acciones y resoluciones que se dicten, en el marco del proceso penal de que se trata, sean ajustadas a la legalidad, respetando en todo momento los derechos de las víctimas.

Cabe señalar que el pasado lunes, familiares de la joven desaparecida protestaron afuera del Tribunal Superior de Justicia por la liberación del presunto responsable, quien tenía en su contra una orden de aprehensión girada en el 2017.



José “N”, alias “El Tigre”, fue detenido apenas el sábado pasado y casi 24 horas después fue liberado por el Juez de Control de Pacho Viejo. De acuerdo con el gobernador Cuitláhuac García, esto ocurrió porque su caso se lleva bajo el viejo sistema penal y el Juez no consideró a la víctima.

Al respecto, las diputadas externaron su respaldo a la familia de Sandra, ante su sentida y razonable indignación por la liberación bajo fianza del presunto perpetrador de la desaparición de la joven.

Señalaron que la lucha de las familias de personas desaparecidas por plasmar en las leyes sus derechos ha sido ardua pero lo es más la lucha que emprenden día a día para que todas las autoridades, desde sus diversos ámbitos de competencia, efectivamente los garanticen y respeten.



Externaron que continuarán trabajando, atendiendo a la letra, las causas, las demandas ciudadanas y los objetivos por los que se creó la Comisión Especial, que reconoce que el Estado tiene el deber prioritario de garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas de estos delitos.

Además, asume en su conjunto la ineludible obligación de no revictimizar a quienes sufren, en carne propia, los estragos de este flagelo que lastima a nuestra sociedad y desafía la eficacia de las instituciones que deben proceder conforme a derecho.