27 de julio de 2017
alcalorpolitico.com
Ha llamado la atención que de la Fiscalía General del Estado, que formalmente es un organismo con autonomía constitucional, no hayan hecho hasta el momento algún pronunciamiento público sobre las modificaciones a la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Veracruz, promovidas y aprobadas en su mayoría por diputados locales de la alianza PAN-PRD, las cuales acotaron las restricciones que en la entidad se habían impuesto a actividades con animales como las peleas de gallos, las carreras de caballos y las corridas de toros, entre otras.
Y es que ni siquiera el fiscal especializado en Investigación de Delitos Ambientales y Contra los Animales, Andrés de la Parra Trujillo, ha dicho “pío” pese a que el 2 de febrero de este año en Tlacotalpan, muy en su papel, trató de impedir el tradicional embalse y suelta de toros cebú que forma parte de los festejos populares en honor de la virgen de La Candelaria, lo que provocó tremendo zafarrancho y la detención de 60 lugareños que amenazaron con sacar del Palacio Municipal y arrastrar al alcalde panista Homero Gamboa.
La que en cambio sí se pronunció y duro en contra de esta reforma fue la directora del Buró Federal de Investigaciones (FBI) contra el maltrato hacia los animales, Nuria Querol Viñas, quien consideró un retroceso que el Congreso local haya votado a favor de permitir las peleas de gallos y corridas de toros en un estado castigado por la violencia
La representante del FBI, quien estuvo presente en la sesión de la LXIV Legislatura del estado, expuso que “habíamos puesto, de hecho, a Veracruz como ejemplo a nivel internacional, (…) como avance muy importante en materia de protección animal”.
Querol Viñas, quien estuvo presente en la sesión de la Cámara de Diputados, dijo que esta reforma es un grave retroceso legislativo, pues significaría promover más violencia en un estado severamente castigado por la inseguridad.
Inclusive refirió que el Comité de los Derechos de los Niños de la ONU ha exhortado al gobierno mexicano para que aleje a la niñez de este tipo de espectáculos.
La especialista del FBI remarcó que existen estudios de la agencia de seguridad estadounidense y “está documentado desde hace muchísimos años tanto a nivel académico como a nivel policial, (…) que el 46 por ciento de asesinos en serie había matado o maltratado a sus animales de compañía, en otros estudios vemos que las cifras son similares y la correlación de maltrato animal con otros delitos”.
Es más, en el gabinete del gobierno yunista hay funcionarios que en su momento debieron enfrentar situaciones riesgosas en espectáculos como las carreras de caballos.
Ahí está el caso, por ejemplo, del actual secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Julen Rementería, quien como presidente municipal del puerto de Veracruz fue implicado en marzo de 2007 en la competencia de equinos en Villarín, donde hubo un enfrentamiento entre sicarios de los cárteles del Golfo y Los Zetas con varios muertos y heridos.
En Costa Esmeralda, principalmente en el municipio de Nautla, todo mundo sabía que el principal organizador de carreras de caballos en esa región era Gerardo Ochoa Artesán, (a) “Lacaine”, presunto primo hermano de Tomás Ochoa Celis, “El Tommy”, detenido a mediados de diciembre de 2009 en Tamaulipas por operar para el Cártel del Golfo el trasiego de cocaína desde Guatemala hasta la frontera con Estados Unidos, pasando por los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz. “Lacaine” desapareció misteriosamente después de los hechos de Villarín.
Lo más paradójico es que es que los principales promotores y defensores de esta reforma legal fueron los diputados Rodrigo García Escalante, de Pánuco, una región asolada por el crimen organizado –el cual llegó al Congreso local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y ahora se acaba de incorporar a la bancada de Acción Nacional–, y el perredista Daniel Olmos Barradas, representante popular del distrito de Emiliano Zapata, en cuyo municipio, que actualmente gobierna su padre Daniel Olmos García, en el pasado se organizaron peleas de gallos que terminaron entre hechos violentos.
En diciembre de 2011, por ejemplo, un grupo criminal hizo estallar una granada de fragmentación en un palenque improvisado en las instalaciones de una maquiladora de ropa ubicada en la entrada de la congregación de Cerro Gordo. Afortunadamente no hubo muertos. ¡Pero qué necesidad!
QUÉ DIPUTADO TAN ‘CONVINCENTE’
Por cierto, el diputado que han hecho trizas en las redes sociales es el neopanista Rodrigo García Escalante, quien es criticado porque al argumentar a favor de la reforma a la Ley de Protección Animal se le ocurrió comparar las peleas de gallos con el aborto.
“Les quiero preguntar a aquellos que están en contra de legalizar las peleas de gallos, pero a favor de que una mujer pueda ir a abortar, y matemos niños: ¿cómo podrían reemplazarse tantas fuentes de empleo que la gallística genera?”, fue el brillante planteamiento para convencer a quienes se oponían a modificar dicha ley.
Y es que ni siquiera el fiscal especializado en Investigación de Delitos Ambientales y Contra los Animales, Andrés de la Parra Trujillo, ha dicho “pío” pese a que el 2 de febrero de este año en Tlacotalpan, muy en su papel, trató de impedir el tradicional embalse y suelta de toros cebú que forma parte de los festejos populares en honor de la virgen de La Candelaria, lo que provocó tremendo zafarrancho y la detención de 60 lugareños que amenazaron con sacar del Palacio Municipal y arrastrar al alcalde panista Homero Gamboa.
La que en cambio sí se pronunció y duro en contra de esta reforma fue la directora del Buró Federal de Investigaciones (FBI) contra el maltrato hacia los animales, Nuria Querol Viñas, quien consideró un retroceso que el Congreso local haya votado a favor de permitir las peleas de gallos y corridas de toros en un estado castigado por la violencia
La representante del FBI, quien estuvo presente en la sesión de la LXIV Legislatura del estado, expuso que “habíamos puesto, de hecho, a Veracruz como ejemplo a nivel internacional, (…) como avance muy importante en materia de protección animal”.
Querol Viñas, quien estuvo presente en la sesión de la Cámara de Diputados, dijo que esta reforma es un grave retroceso legislativo, pues significaría promover más violencia en un estado severamente castigado por la inseguridad.
Inclusive refirió que el Comité de los Derechos de los Niños de la ONU ha exhortado al gobierno mexicano para que aleje a la niñez de este tipo de espectáculos.
La especialista del FBI remarcó que existen estudios de la agencia de seguridad estadounidense y “está documentado desde hace muchísimos años tanto a nivel académico como a nivel policial, (…) que el 46 por ciento de asesinos en serie había matado o maltratado a sus animales de compañía, en otros estudios vemos que las cifras son similares y la correlación de maltrato animal con otros delitos”.
Es más, en el gabinete del gobierno yunista hay funcionarios que en su momento debieron enfrentar situaciones riesgosas en espectáculos como las carreras de caballos.
Ahí está el caso, por ejemplo, del actual secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Julen Rementería, quien como presidente municipal del puerto de Veracruz fue implicado en marzo de 2007 en la competencia de equinos en Villarín, donde hubo un enfrentamiento entre sicarios de los cárteles del Golfo y Los Zetas con varios muertos y heridos.
En Costa Esmeralda, principalmente en el municipio de Nautla, todo mundo sabía que el principal organizador de carreras de caballos en esa región era Gerardo Ochoa Artesán, (a) “Lacaine”, presunto primo hermano de Tomás Ochoa Celis, “El Tommy”, detenido a mediados de diciembre de 2009 en Tamaulipas por operar para el Cártel del Golfo el trasiego de cocaína desde Guatemala hasta la frontera con Estados Unidos, pasando por los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz. “Lacaine” desapareció misteriosamente después de los hechos de Villarín.
Lo más paradójico es que es que los principales promotores y defensores de esta reforma legal fueron los diputados Rodrigo García Escalante, de Pánuco, una región asolada por el crimen organizado –el cual llegó al Congreso local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y ahora se acaba de incorporar a la bancada de Acción Nacional–, y el perredista Daniel Olmos Barradas, representante popular del distrito de Emiliano Zapata, en cuyo municipio, que actualmente gobierna su padre Daniel Olmos García, en el pasado se organizaron peleas de gallos que terminaron entre hechos violentos.
En diciembre de 2011, por ejemplo, un grupo criminal hizo estallar una granada de fragmentación en un palenque improvisado en las instalaciones de una maquiladora de ropa ubicada en la entrada de la congregación de Cerro Gordo. Afortunadamente no hubo muertos. ¡Pero qué necesidad!
QUÉ DIPUTADO TAN ‘CONVINCENTE’
Por cierto, el diputado que han hecho trizas en las redes sociales es el neopanista Rodrigo García Escalante, quien es criticado porque al argumentar a favor de la reforma a la Ley de Protección Animal se le ocurrió comparar las peleas de gallos con el aborto.
“Les quiero preguntar a aquellos que están en contra de legalizar las peleas de gallos, pero a favor de que una mujer pueda ir a abortar, y matemos niños: ¿cómo podrían reemplazarse tantas fuentes de empleo que la gallística genera?”, fue el brillante planteamiento para convencer a quienes se oponían a modificar dicha ley.