Choque de Congreso y ORFIS sería por anomalías millonarias del PAN en Tantoyuca

Una de las causas que orillaron a los diputados de la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado a no aprobar el Dictamen de la Cuenta Pública 2021 sería el Ayuntamiento de Tantoyuca que presidió el panista Amado Guzmán Avilés, afirmó la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos.

En ese caso en particular, el ente fiscalizador observó casi toda la obra pública que se hizo en el último año de la administración del hermano del exdirigente estatal del PAN, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, y por ello, señaló un presunto daño patrimonial por 252 millones 502 mil 008.97 pesos.

La observación de daño patrimonial se derivó porque las ex autoridades municipales no entregaron la información ni las pruebas documentales que requirió el ORFIS.



“El caso de Tantoyuca se debió a que no nos proporcionó la documentación en tiempo. Si es el caso de Tantoyuca que los diputados quieren que revisemos, pues lo revisaremos”, dijo.

Explicó que el Ayuntamiento de Tantoyuca, al igual que otros 51, fue revisado por la Auditoría Superior de la Federación en cuanto a la aplicación del gasto federalizado, y fue el único Municipio que no proporcionó la documentación solicitada por el ORFIS.

Dijo que fueron dos los requerimientos que se giraron al Ayuntamiento de Tantoyuca para que entregara la información y en las dos ocasiones se negaron, por lo que se impuso una sanción económica porque había la intensión de no atender ningún requerimiento.



Solo con la imposición de la sanción es como se acercaron al ORFIS, pero argumentaron que tenían a la Auditoría Superior de la Federación “encima”, y por ello, el ORFIS no tenía por qué estar solicitando información.

González Cobos, aseveró que la Auditoría Superior de la Federación solo revisa la aplicación del presupuesto federal, pero independientemente de ello, el ORFIS, en la revisión de una Cuenta Pública, tiene facultades constitucionales para intervenir en un ente auditado por el órgano federal.

“No podemos dejar de atender nuestra función fiscalizadora; yo no podía dejar de atender Tantoyuca porque incurriría en incumplimiento de un deber legal, yo no me voy a ubicar en una responsabilidad de esa naturaleza, lo siento, pero aquí todos parejos”.