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Sección: Estado de Veracruz

Las palabras de la ley

Apalabrando la realidad y la Teoría del delito

Salvador Martínez y Martínez Xalapa, Ver. 18/11/2026

alcalorpolitico.com

La verdad histórica de un caso particular y concreto es capturada gradualmente. Se utilizan diversas imágenes para expresar dicha gradualidad: “se avanza por pasos”, “en forma escalonada”, “de manera estratificada”. La idea de comunión con la cual Rivera Silva expresa la noción de verdad resulta interesante. También resulta de sumo interés su afirmación de que participan en lo común el intelecto y la realidad.

En homenaje a la brevedad, aquí sólo se dirá que los actos del intelecto son dos: el primero es la simple aprehensión (es el acto por el que el intelecto concibe una cosa); y, el segundo es el juicio (llamado composición o división según sea afirmativo y refiera un predicado a un sujeto, o negativo y separe un predicado de un sujeto).

En sentido amplio estos actos son actos de la razón, pero hay un tercero que es el discurso, por el que la razón pasa de una cosa a otra, a fin de llegar, por medio de lo que es conocido, al conocimiento de lo que es ignorado. El juicio como elemento perteneciente al discurso se llama “proposición”. La propiedad principal de un juicio (o proposición) es su verdad o falsedad. Únicamente por aquí se introduce en lógica el problema de la verdad. La verdad lógica designa la conformidad del intelecto con la realidad, pero la verdad lógica no existe sino en el juicio, y en modo alguno en la simple aprehensión.



No obstante Manuel Rivera Silva se queda corto cuando asegura que “El hombre sintiendo su impotencia para llevar al intelecto la plenitud histórica, se ha contentado con captar franjas de ella constituyendo éstas, en sentido vulgar, la verdad histórica.”(Rivera Silva, 1967, pág. 187). Y si su aseveración no tiene la extensión que le corresponde es porque al ser humano le ha sido posible ir apalabrando la realidad. En derecho penal este concertar de palabra algo se le ha denominado “teoría del delito” y tiene un desarrollo asombroso.



El sistema tasado de prueba obstruye no la vigencia de las finalidades correccionales, sino la función política de la teoría del delito. En efecto, para que el juzgador verifique si se halla en presencia de un delito, debe responder varias preguntas. La teoría del delito pone en orden esas preguntas dentro de un sistema, en el que cada respuesta es un concepto teórico que inevitablemente cumple una función política como parte de la general función política de reducción y contención del poder de castigar, función que caracteriza a todo el sistema.

El primer interrogante es acerca del sustantivo del delito: el delito es —ante todo y en definitiva— una conducta humana. Por tanto, lo primero que debe responderse es si hay sustancia, sustantivo, o sea, una conducta, presuponiendo que existe un ser humano. Este sustantivo se convierte en delito cuando recibe tres adjetivos (o caracteres específicos): tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad.

La indagación acerca del delito es escalonada: constatada la ausencia de conducta —falta de sustantivo— no tiene sentido preguntarse por los adjetivos; verificada la conducta pero constatada la atipicidad, tampoco se pregunta por los restantes adjetivos de ésta. Verificada la tipicidad, si la conducta típica está justificada, no hay injusto penal y no se pregunta por la culpabilidad. Sólo se pregunta acerca de las causas de inculpabilidad cuando se está en presencia de un injusto penal (conducta típica y antijurídica).



No es por casualidad que cada diligencia o actuación procesal debe comenzar por señalar lugar y fecha de realización. El proceder gradual, escalonado, estratificado o por pasos en la indagación del delito como verdad histórica, se converge en el derecho procesal penal dentro del problema de las instancias y, como en un acto de prestidigitación, este problema se une con los problemas espaciotemporales del proceso penal.

Periodizar, es decir, establecer periodos para el proceso penal, es una idea arraigada en los mexicanos. En materia procesal penal, la primera instancia se divide en dos estadios: uno de investigación del delito y otro de valoración de las pruebas. Se sustenta que se trata de una división de preeminencia, ya que en ambas se investiga y se valora, pero es verdad que en la primera prevalece la investigación y en la segunda la valoración. Es a través de la valoración —que se encuentra desde la elección de los datos de prueba— como se pasa de la verdad de lo que es a la construcción de la verdad que debe ser.

El problema era aquello que de hecho estaba y está ocurriendo en México: la persona imputada o acusada de delito se convierte en víctima recién apenas es detenida, lo cual a la prístina luz de la Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal, del 18 de junio de 2008, no debiera volver a ocurrir. El tema se ubicó dentro de la Política Criminal, entendida ésta como la ideología política que orienta al control social punitivo (Zaffaroni, Criminología. Aproximación desde un margen, 2003, pág. 21).



Juan Enrique Vargas Viancos, al abordar el tema de La nueva generación de reformas procesales penales en Latinoamérica (2007: 25-64), presenta las cosas de manera sencilla: “En términos generales, el objetivo de estas reformas fue cambiar los sistemas inquisitivos y escritos, legados por nuestros colonizadores, por sistemas adversariales y orales.” (2007:26).

De cara a esta sencilla presentación, el ingenio mexicano y la picardía veracruzana podrían plantear la cuestión de este apartado en los siguientes términos: “¿Acaso no esa sustitución se alcanzará cuando las ranas críen pelo o cuando los burros vuelen?”.

La burla fina y disimulada subyace en la pregunta. La percepción ciudadana nos diría que se trata de más de lo mismo y habrá que darle la razón. Ella permite poner a la vista de todos que el planteamiento expuesto está atrapado en una cosmovisión estática (Beristain, 2004: 65-66).



Por lo consiguiente, el tanteo de la reforma en materia de justicia penal se debe hacer desde otra perspectiva, porque la idea de cambiar o sustituir un sistema mixto o tradicional de justicia penal por otro sistema procesal penal acusatorio, (cuya columna vertebral es el debido proceso) no está en la Constitución Política de México y, además, ha sido rebasada por los hechos de la dinámica tecnológica y social.

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