Servidores públicos que despiden sin justificación deberían recibir sanción económica

Psicólogo Joaquín Rosas Garcés
Director de Alcalorpolitico
Presente

Agradezco de antemano la atención a la presente y de ser posible publicarla en el medio que usted tan dignamente dirige.

Hay veces que el ciudadano de a pie no entiende cómo funciona el sistema legal de nuestro País, pero resulta surrealista que, al parecer, los encargados de formar y reformar las leyes tampoco lo entienden. Me refiero al caso de las trabajadoras del Congreso Estatal despedidas injustificadamente. Son despedidas sin existir un motivo, bajo el argumento que en ese momento se le ocurrió a alguien que tenía control sobre su contrato. Y digo sin existir un motivo real ya que de existir un motivo previsto dentro de la ley ningún juez hubiera ordenado su reinstalación y pago de salarios caídos.



Aquí lo que molesta es la caradura de un empleado mas del gobierno estatal, un funcionario público, que sin más genera un gasto enorme al erario, independiente de las molestias que pudieron haber pasado las empleadas despedidas.

Y parece ser que esta práctica no tiene consecuencias, solo en el trabajador que es despedido. Podemos conocer que ayuntamientos, dependencias estatales y diferentes órganos de gobierno tienen que pagar laudos por despido injustificado después de largos procesos, procesos forzados por los abogados de las dependencias que despidieron que parecen que más que ganar el juicio tienen el propósito de desesperar y aburrir al trabajador despedido generando más gasto al erario. Pero el que tuvo la ocurrencia de despedir no recibe sanción alguna ni un regaño y el dinero pagado sale de los impuestos pagados por los ciudadanos.

Si algún legislador o autoridad realmente competente lee esta carta reciba también tres propuestas:



En base a leyes aquel servidor público que cometa la torpeza de despedir a un trabajador sin motivo justificado reciba una sanción económica y sea inhabilitado del servicio público en base al daño patrimonial generado, sea este de cualquier cantidad de dinero que tenga que ser erogada.

Que los procesos no sean alargados “con trucos legales” por parte de los representantes del patrón con el único fin de perjudicar al trabajador a sabiendas que el caso está perdido.

La posibilidad de demandar de manera penal al servidor público que despide a un trabajador sin justificación alguna en virtud de los daños y perjuicios cometidos, ya que en la mayoría de los casos el despido en dependencias gubernamentales obedece más el despido a una decisión visceral más que laboral.



Por último, una encarecida solicitud, que al trabajador reinstalado le sea pedida una disculpa por escrito por que no sólo fue afectada su economía al dejarlo sin trabajo, afectando en segundo plano a las personas que dependen de él, sino también su honorabilidad exponiéndola al escarnio público pues al parecer también tiene como objetivo denostar la calidad humana del trabajador afectado.

Agradezco la publicación de esta carta y le solicito no publicar mis datos ya que existen “quedabien” en todos lados queriendo tener una estrellita más con sus jefazos.

Atentamente
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