Recurso de queja deja sin efecto reinstalación de empleadas y pago de $7 millones

La LXIII Legislatura del Estado no incumplió la sentencia del juicio de amparo de dos extrabajadoras, ya que el Juez Segundo de Distrito en el Estado admitió el recurso de queja que deja sin efecto el requerimiento y lo remite al Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo de Boca del Río, para que resuelva, informó el director de Servicios Jurídicos del Congreso local, Vito Lozano Vázquez.

Contrario a lo expresado por los abogados Luis Alberto Viades Blanco y Juan José Llanes Gil del Ángel, sobre el juicio de amparo 2285/2013, en el caso de sus representadas, Vito Lozano explicó que este viernes 17 de octubre se emitió un auto que declara como autoridad responsable al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado y, con ello deja de vincular automáticamente como autoridad responsable al Poder Ejecutivo y al Congreso del Estado.

“Queda suspendido ese juicio de amparo promovido por las actoras para su reinstalación y su pago, hasta que el Tribunal resuelva si procede o no lo que venía requiriendo la autoridad responsable”, agregó.



Afirmó que en la página de Internet de la Suprema Corte de Justicia y en particular en la del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, existe el auto que se emitió, en el que el Juez de Distrito admitió el recurso de queja y deja suspendido el procedimiento hasta que se resuelva. Por lo tanto, queda sin efecto el requerimiento y su postura anterior.

Durante una entrevista vía telefónica, el funcionario expuso que ya no es procedente la solicitud de separación del cargo de la Presidenta del Congreso del Estado ni del Poder Ejecutivo: “El Juez de Distrito entendió que el Poder Ejecutivo nada tiene que ver en cuestiones judiciales que incumben solamente al Poder Legislativo”.

El abogado reiteró que la semana pasada se aceptó el Juicio de Queja ante la determinación del Juez federal, quien ordenó que en un plazo no mayor de tres días se reinstalara a las dos exempleadas y se tendría que pagar 7 millones de pesos: “Esta determinación quedó suspendida”.



Mencionó que no se han celebrado más negociaciones, pero en mayo se hizo el ofrecimiento de reinstalar a las extrabajadoras y pagarles 25 por ciento del monto que se demanda. No aceptaron, por recomendación de los abogados que las representan, pues ellos “van a cobrar 40 por ciento de lo que se les pague a las extrabajadoras. De ahí la urgencia de que se cubra el laudo”.