Hay 67 denuncias por daño patrimonial de exfuncionarios, del 2008 a la fecha

Un daño patrimonial superior a los 700 millones de pesos de los últimos cinco años fiscales no se ha podido comprobar porque las denuncias penales presentadas siguen pendientes; aunque la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ya está trabajando en ello.
 
Al manifestar lo anterior, Julen Rementería del Puerto, diputado local y coordinador del grupo legislativo del PAN en el Congreso del Estado, confirmó la existencia de 67 denuncias penales pendientes en la Procuraduría General de Justicia del Estado por daño patrimonial; 57 de las cuentas públicas del 2008, 2009, 2010 y 2011.
 
A ello, se suman las 10 denuncias de la cuenta pública del 2012 que hace dos meses se presentaron.
 
Esa información -dijo- se presentó durante la reunión de trabajo de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado efectuada el viernes de la semana pasada.
 
A su consideración no todas las denuncias se resolverán porque algunos de los presuntos responsables ya no están en territorio veracruzano.
 
“Ahí (la información) no se presentó como rezago. Evidentemente que cuando hablamos de una averiguación del dos mil ocho se tiene que decir que hay rezago (…) entiendo que en algunos casos, los exfuncionarios ya ni siquiera están a la disponibilidad de la autoridad; algunos ya está se dieron a la fuga”.
 
Por tal motivo hay una situación incompleta en esas averiguaciones que debe atenderse.
 
Existe el compromiso de la PGJE de informar a la Comisión de Vigilancia del avance que vayan teniendo cada una de esas averiguaciones; sin embargo, aclaró que esa dependencia culminará su trabajo y se le dejará hacer lo suyo que es investigar.
 
“Ahí los diputados nada tenemos que hacer, en todo caso es estar pendientes de que al final del día se puedan resolver”.
 
Por ello, la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado ya no tiene  mucho que ver, más bien, es el seguimiento que le tienen que dar, en todo caso, el área Jurídica del Órgano de Fiscalización Superior y por supuesto, la Procuraduría General de Justicia del Estado.
 
No obstante, se nombró un enlace entre la Comisión de Vigilancia y la PGJE para llevar un seguimiento.
 
Respecto a las 10 denuncias penales por presunto daño patrimonial en la cuenta pública del 2012, Rementería del Puerto dijo que la mayoría de ellas están ratificadas y en algunas de ellas están en la fase de probanzas, convocando a los presuntos responsables y algunos de ellos han recurrido a los Juicios Administrativos ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
 
Sin embargo, eso no implica que las denuncias “pudieran caerse”, toda vez que la acción administrativa y la acción penal caminan paralelamente, “corren con cuerdas separadas, por lo que una acción administrativa no necesariamente tiene que impedir la acción penal o viceversa”, finalizó.