Denuncias del ORFIS no se “caerán”; las acciones delictivas están plenamente determinadas

Las 10 denuncias de hechos presentadas por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) en contra de quienes resulten responsables por presunto daño patrimonial en la cuenta pública del 2012, no pueden caerse, toda vez que están plenamente determinadas presuntas acciones delictivas.
 
El director general de Asuntos Jurídicos del ORFIS, Óscar Ocampo Acosta, explicó que los procedimientos penales administrativos y penales en el proceso de fiscalización de la cuenta pública, son distintos y autónomos.
 
“Los procedimientos, tanto el administrativo como el penal son distintos, ninguno va ligado con el otro; el procedimiento que siguió el ORFIS en su segunda fase del proceso de Fiscalización Superior derivó una sanción de carácter administrativa; si se pretende impugnar se impugna ante el Tribunal Contencioso Administrativo”.
 
Por lo que el Ministerio Público está llevando a cabo la investigación ministerial correspondiente, la cual se lleva de manera separada y con base a esa investigación que se ejercita o no la acción penal, ante el juzgado competente, no con base a la resolución de carácter administrativo.
 
Lo que se está haciendo en materia administrativa -dijo- es defender la resolución emitida por el ente fiscalizador y pelear por el resarcimiento del daño.
 
“Y en materia penal somos coadyuvantes con la Procuraduría General de Justicia del Estado y los servidores públicos involucrados van a defenderse y tratar de probar que no hubo conducta delictiva y que no se configuró el delito”.
 
En ese sentido, Ocampo Acosta, expuso que respecto a las resoluciones administrativas que marcan el resarcimiento del daño patrimonial y que son materia del Tribunal Contencioso Administrativo, dijo que el ORFIS ha recibido la notificación de que los exservidores y servidores públicos de 9 entes fiscalizables han interpuesto demanda contenciosa administrativa.
 
Pero expuso que todo servidor público en el ejercicio de sus funciones, responde a cuatro tipos de responsabilidades, la política, la administrativa, la penal y la civil; cada caso atiende a un procedimiento específico.