La diputada Carmen Victoria Campa Almaral llamó a la sociedad a evitar la compra de juguetes bélicos y, por el contrario, fomentar el uso de juguetes didácticos y educativos, que ayuden a estimular las habilidades psicomotrices y cognitivas de los niños.
La secretaria de la Comisión de Seguridad Social sostuvo que es fundamental sensibilizar a la sociedad civil sobre las implicaciones que existen de regalar a las niñas, niños y adolescentes juguetes bélicos que, comentó, incitan a la violencia.
“Estos artefactos de plástico como pistolas, cuchillos, lanzas o videojuegos, que incitan a la violencia, son generadores de antivalores y conductas negativas”, señaló la legisladora de Nueva Alianza.
La diputada federal resaltó la importancia de fomentar la compra de juguetes didácticos, educativos y deportivos, para que los infantes incorporen en su vida diaria valores, actitudes, aptitudes y comportamientos que les permitan desarrollarse plenamente en la sociedad.
Victoria Campa Almaral indicó que se requiere revisar y actualizar la Norma Oficial Mexicana (NOM) del juguete, así como las sanciones y los mecanismos de vigilancia de juguetes bélicos, para revertir el uso de éstos que, insistió, tanto afectan a los menores.
Agregó que los juguetes deben de incentivar la imaginación y la creatividad, no la violencia, por lo que exhortó a la industria del juguete a diseñar, fabricar y comercializar juegos educativos, que infundan respeto y compañerismo.
Refirió que especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han subrayado que la exposición a escenas violentas puede desencadenar trastornos obsesivo-compulsivos.
Destacó los programas de intercambio de juguetes bélicos por didácticos, implementados por los tres niveles de gobierno.
Apuntó que autoridades de seguridad, educación y salud deben de trabajar conjuntamente para fomentar el sano esparcimiento y la cultura de paz entre la población infantil.
La legisladora aseguró que para su grupo parlamentario es un compromiso y responsabilidad trabajar en políticas públicas que protejan y salvaguarden el interés superior de la niñez.