Ley de Transparencia prevé suspensión definitiva para funcionarios que no suban información a portales

Con base en la reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el funcionario titular del área de transparencia de las dependencias estatales o federales, en general de los sujetos obligados que se niegue a subir la información a su portal podrá ser sancionado hasta con la suspensión definitiva.

En entrevista para alcalorpolitico.tv, el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Óscar Guerra Ford, precisó que las sanciones las tendrá que prever el órgano local, es decir, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) que puede ser inicialmente una medida de apremio, una multa que tendrá que pagar el funcionario.

“Cuando los sujetos obligados no publiquen la información bajo los formatos que hemos venido actualizando y que para ello hemos estado yendo a todos los estados para decir cómo deben subir la información, pero de no hacerlo, la Ley prevé sanciones que tendrán que prever el órgano local, que inicialmente puede ir desde una medida de apremio, una multa hasta la suspensión definitiva”, indicó.



Puntualizó que la información debe estar actualizada, debe ser veraz pues tiene valor jurídico la información que se sube.

El Comisionado manifestó que los encargados de las áreas de transparencia están “asustados” dada la responsabilidad que recae ahora sobre ellos y dicen que no podrán, pero recalcó que para ello se hizo la reforma, para cambiar y para ello están tratando de que haya las mejores condiciones para cumplir, pero debe haber disposición, que ésta venga desde los titulares.

“No le toca a una persona subir la información como ellos creen, sino depende del director de administración, del director jurídico, al director de desarrollo social, entre otros, cada quien tiene su parte. Toda la información se concentrará en la Plataforma Nacional de Transparencia, en donde cualquier mexicano podrá acceder a la información”, destacó.



Óscar Guerra Ford recalcó que el no subir la información a los portales, así como no responder a las solicitudes de información termina en la suspensión del funcionario de sus actividades.

“Puede ir (la suspensión) de un año, dos años, a la suspensión definitiva. Con una vez (que no se suba) se inicia el proceso administrativo y de ahí para retirarlo del cargo”, subrayó.

Explicó que con base en la reforma estructural aprobada el año pasado, a partir de mayo de este 2016, se comenzará a subir la información de todo ese año que ya corrió y de ahí para adelante.



En casos específicos como querer conocer el uso y manejo de recursos públicos de exservidores tales como exalcaldes o exgobernadores, puntualizó que se debe hacer una solicitud al ente en donde se desempeñó, pero fue más allá y sostuvo que la solicitud se puede hacer por el tiempo que el sujeto quiera saber porque existe una política de archivos.

Reconoció que lamentablemente muchas veces se declara inexistente dicha política, se dice que es inexistente, pero para ello ya se trabaja en una ley de archivos.

Agregó que a nivel federal, el 8 por ciento se declara inexistente toda vez que no se tiene una cultura de archivo y ello obedece a diversos factores como falta de tecnología, entre otros, pero sobre todo porque la gente prefería no guardar las cosas, no era sano dejar huella.



Asimismo, con relación al cumplimiento de las nuevas obligaciones, expresó que efectivamente deberían sí, las dependencias federales ser las primeras en cumplir, por la capacidad económica y de recursos humanos, que es muy diferente a los de las dependencias estatales o a nivel municipal.

Recalcó que el 5 de mayo entra en vigor la nueva reforma y el INAI es competente con los órganos federales, así como el IVAI es competente con los órganos estatales con sus sujetos obligados, de manera que la “tirada” es que las dependencias federales pongan el ejemplo.

Aseveró que el INAI ha encontrado muy buena disposición de nuevos sujetos obligados como el Banco de México, pero enfatizó que la ley no hace diferencias, no define que deban ser las dependencias federales y luego las estatales o municipales, habrán de arrancar todos los sujetos obligados en la misma fecha.