Diputado federal exige detener agresiones a periodistas ante riesgo de que se repitan

A fin de parar la oleada de asesinatos y agresiones en agravio de periodistas a manos de la delincuencia organizada, incluso la enquistada en los máximos niveles de Gobierno.

El diputado federal Omar Ortega Álvarez demandó a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) efectividad de su Mecanismo de Protección a Periodistas, “pues todo parece indicar que sus resultados son nulos”.

Ante el peligro de que estos crímenes se incrementen debido a la incapacidad de las instituciones para detener a los responsables y debido a la descomposición social y política que el Gobierno es incapaz de afrontar, el parlamentario anunció que propondrá al Congreso de la Unión un punto de acuerdo para respaldar su demanda y exigir que haya resultados.



Es inaplazable, expresó, que el Poder Legislativo aborde esta problemática ante la evidente incapacidad de los órganos del Ejecutivo para salvaguardar a unos de los actores principales e indispensables que hacen posible el Derecho a la Información y la Libertad de Expresión -los periodistas-, sean éstos en su calidad de colaboradores, trabajadores o incluso propietarios de medios de comunicación.

“Los periodistas en nuestro país están claramente amenazados en su integridad física, familiar y patrimonial de unos años a la fecha, en particular cuando ponen a disposición de la ciudadanía información, análisis y opiniones desfavorables al ejercicio gubernamental y a la delincuencia organizada”, apuntó.

INACEPTABLE E IMPERDONABLE



El caso trágico más reciente es el del periodista Pedro Tamayo Rosas, quien el pasado 20 de julio se convirtió en el décimo noveno informador asesinado en la administración veracruzana de Javier Duarte de Ochoa, gobernador de extracción priista cuya gestión ya es severamente cuestionada incluso por sus correligionarios debido al elevado costo político que les sigue endosando.

Ortega Álvarez consideró inaceptable e imperdonable que el informador haya sido asesinado, frente a su esposa e hijos, cuando supuestamente estaba al amparo de los mecanismos estatal y federal de protección a periodistas, es decir, cuando las autoridades habían aceptado que estaba en grave peligro y era necesario protegerlo.

Claramente, advirtió Ortega, “hubo negligencia, por decir lo menos, si no es que complicidad de algunas de esas autoridades, por lo que el Poder Legislativo no puede permanecer indiferente, sobre todo ante el hecho de que otros periodistas están amenazados y en peligro de ser también agredidos”.



Enlistó los casos de Mariel Ibarra, Silver Meza, Lidia Cacho, Sergio Aguayo, Roxana Romero, Pedro Canché Herrera, Carmen Aristegui y Héctor de Mauleón, entre los más conocidos, pero junto a quienes hay muchos más informadores amenazados, demandados, hostigados o victimizados en cualquiera de sus formas.

Mariel Ibarra y Silver Meza, de “Expansión”; Lidya Cacho, de “Newsweek en Español”, y Pedro Canché, de diversos medios, lo son por el gobierno de Roberto Borge Angulo, en Quintana Roo.

Sergio Aguayo, de Canal 11 y otros medios, y Roxana Romero y el periódico para el que trabaja, “Vanguardia”, lo son por Humberto Moreira Valdés, el ex gobernador de Coahuila y ex presidente del PRI acusado de corrupción y delincuencia organizada.



Aristegui, de Aristegui Noticias y CNN en Español, es hostigada por presidencia de la República en represalia por revelar el caso de la “casa blanca”, y Héctor de Mauleón, lo es por invasores y ladrones de predios presuntamente coludidos con autoridades delegacionales de la Ciudad de México.

“Quienes ejercemos cargos públicos estamos sujetos al escrutinio público porque lo hacemos con recursos públicos. No debería, por tanto, incomodar a ningún servidor público el que su quehacer, patrimonio y resultados sean objeto de información, análisis y opinión por parte de los periodistas y gobernados a través de los medios de comunicación”, manifestó Ortega Álvarez.

“Si algún funcionario o servidor público se incomoda y además agrede a los comunicadores por informar u opinar sobre su quehacer en lugar de aclarar las cosas con nueva información y análisis, claramente está haciendo algo mal y la única salida que le queda es atentar contra el Derecho a la Información y la Libertad de Expresión, lo que es y debe ser inaceptable para el Congreso”, concluyó el líder del PRD en el Estado de México.