Ahora es la Iglesia la que, al igual que la CNTE, se declara en rebeldía. Y lo hace envalentonada calificando de “miope” y “reduccionista” a la máxima autoridad judicial de este país.

Ultras como el cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez anda agitando aquí y allá, exhortando a los obispos para organizar a sus fieles a resistir las leyes: “Si las mayorías no están de acuerdo, las leyes no se pueden aprobar”, pontifica.

Igual de furibunda ha sido la reacción de la jerarquía católica a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha sentenciado que las leyes de cualquier estado de la República que consideren que la finalidad del matrimonio “es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional”.

Sin embargo, Gustavo Rodríguez Vega, arzobispo de Yucatán, emulando los días previos de la sangrienta Guerra Cristera llama incluso al martirologio: “que se casen por lo civil, pero nosotros no les daremos la bendición… que la Suprema Corte nos meta a la cárcel a obispos y sacerdotes, pero la Iglesia no puede ir contra la ley de nuestro señor Jesucristo”.

Los argumentos eclesiásticos formales no se sostienen, pero ahí están: “la familia, célula de la sociedad, se funda en el matrimonio de un hombre con una mujer…”; “No corresponde a la Corte crear nuevas formas de matrimonio, porque ya no sería matrimonio sino otro tipo de unión”. Y hablando de “otros tipos de unión”, asombra la falta de pudor clerical cuando, esos mismos obispos, solapan y protegen a cientos de sacerdotes pederastas que abusan sistemáticamente de miles de niños a los que marcan para siempre. Por ahí se supo de un reciente exorcismo en San Luis Potosí. Y yo me pregunto por qué no aprovechó la Iglesia para sacarse de sus entrañas a ese demonio llamado Marcial Maciel. Así que con qué calidad moral vienen ahora a escandalizarse de que se respeten los derechos humanos de las más diversas personas.

Menos mal que la Corte ha sido lo suficientemente clara. En una entrevista, la ministra Olga Sánchez Cordero es respetuosa pero contundente:


—Vivimos en un estado laico, ese es un principio incuestionable. Pero también en un estado democrático; así que las voces de la Iglesia Católica pueden expresarse al igual que las voces de otras instituciones.
—Nosotros no vemos más que seres humanos y personas titulares de derechos y obligaciones. Por eso hemos considerado que cualquier Código Civil que establece que el matrimonio sólo puede ser la unión de un hombre con una mujer es inconstitucional.

—Los dos pilares que sostienen a los derechos humanos son el principio de igualdad y el de no discriminación.

—En una República federal cada uno de los Congresos tiene que legislar y la Corte no puede invadir sus competencias. Sin embargo, el añejo concepto de matrimonio ya es inconstitucional. Por ello sería deseable que de motu proprio modernizaran sus legislaciones para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y evitar la vía de los amparos.


Ojalá también en la Secretaría de Gobernación tengan claros estos conceptos y se los expliquen a los señores sacerdotes y obispos, antes de que cuelguen la sotana y agarren el fusil. O como sus colegas de la CNTE, saquen a la calle hordas enfurecidas en el nombre de Dios.

 
Periodista.
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