Circula por ahí un documento enviado a medios electrónicos e impresos, por un despacho de abogados laboralistas en el cual advierten de una eventual estrategia del Estado para reducir la nómina burocrática con el despido masivo de empleados estatales hasta en un 30%, esto con el fin de generar economías en el erario público y, quizá, poder hacer frente a los pagos de varios cientos de adeudos a todo tipo de acreedores, que van desde músicos hasta constructores y proveedores de insumos hospitalarios.
 
Los abogados mencionan que incluso el Congreso dio entrada a la reforma de la Ley de Servicio Civil de Veracruz, misma que entró en vigor recientemente, donde limita el tiempo de pago de salarios caídos por despidos injustificados, elimina cualquier posibilidad de pago de intereses y otorga facultades arbitrarias en la contratación de empleados.
 
Esto será el preámbulo para aplicar el recorte burocrático y con una ley a modo para enfrentar y debilitar los recursos de impugnación a la estrategia de despidos, ya que el recorte sería invocado por el Estado para contener el gasto público y racionalizar la operación administrativa con mayor disciplina y austeridad.
 

Ese principio, el de austeridad, se ha tratado de ejercer desde hace 10 años y no ha sido posible. Las instituciones que deben respaldar al Estado para velar por el bienestar, la justicia y la seguridad no han sido lo suficientemente capaces para sostener con sus actividades el llamado pacto social.
 
Por el contrario, las oficinas estatales encargadas de las finanzas, han pretendido sostener la operación con la contención salarial esa que provoca una pérdida de poder de compra que deprime la demanda interna, además del ahorro, ahorro y más ahorro en el gasto corriente en todo tipo de partidas y el recurrente no pago a proveedores, situación que genera más endeudamiento al tener que contratar a otros prestadores de servicios que no estén en la lista de acreedores.
 
La última opción que queda es vulnerar el derecho al trabajo, que va de la mano con la necesidad de las personas de contar con una fuente legal y digna para sostenerse social, económica y culturalmente contraviniendo la obligación del estado por procurar el pleno empleo de sus gobernados.
 

El Estado necesita reducir los gastos, por supuesto, pero, despedir a los empleados no será la decisión más adecuada, aunque sí, sería una relativa “ayuda” sin embargo, la decisión impactaría a los empleados de confianza que, dicho sea de paso, son los que por ser de contratos eventuales por prestación de servicios o por obra determinada, son lo que perciben un mejor salario o compensación, por no tener algunos beneficios sociales inherentes al empleo estatal.
 
Y queda la base, los empleados que han dedicado su vida a la burocracia y es aquí donde se debe aplicar una estrategia que no vulnere los derechos humanos más elementales, por lo tanto ¿cuál será el argumento para terminar con la relación laboral con los trabajadores de base?
 
Quizás surja, como hace unos años, el retiro voluntario para adelgazar la nómina y el pago de salarios, una estrategia que ayudó en parte al Estado para mantener la operación sin excederse en los gastos, sin embargo, se redujo la nómina de base y se incrementó la contratación de empleados de confianza, lo que produjo que la estrategia de ahorro económico fallara. En ese momento se debió eficientar las actividades laborales, hacer más y mejores cosas con la gente que se quedó.
 

Ahora que la crisis esta sobre las espaldas de todos, el recorte burocrático surge como una de las medidas más atractivas para que el Estado ahorre dinero, sin embargo, en una ciudad como Xalapa en la que la ciudadanía que se desempeña como empleado en una de los tres niveles de gobierno, no tiene opción para salir y emplearse en otra sitio.
 
Las personas necesitan una fuente de ingresos para subsistir, el derecho al trabajo y un pago justo tiene correlaciones directas, no solo brinda ingresos monetarios a las personas, sino que es fuente de elementos no monetarios como: acceso a seguridad social para la familia, diversión, dignidad, estatus y tranquilidad.
 
Que podemos esperar cuando un servidor público, empleado del Estado, sea despedido por la aplicación del recorte presupuestal, a la mitad del ejercicio anual, cuando el pago de su salario estaba presupuestado con todas las prestaciones.
 

En el mejor de los casos, si es un retiro voluntario el trabajador optará por la resignación y tendrá una posibilidad con su finiquito emprender un negocio, obviamente, en la informalidad para poder subsistir en la consolidación de su empresa.
 
Si es joven, bueno, tendrá oportunidades en dependencias federales o ajenas al Estado, si en mayor será un problema porque cualquier indemnización por recorte, no alcanzará para asegurar su vejez.
 
Observamos que la aplicación de esta estrategia contra la burocracia no es un asunto menor, ciertamente el Estado debe reflexionar sobre la vulneración de los derechos laborales y fundamentales que el pago de un salario representa para una persona y su familia.
 

Los políticos van de paso y quienes son titulares de los puestos y dependencias, que gozan de excelentes salarios, no se deben ensañar con la clase trabajadora que apenas sobrevive con los tabuladores oficiales que pagan las administraciones estatales y municipales.  
 
Finalmente queda para la reflexión si estas medidas que exponen los abogados del corporativo “Viades, Llanes y asociados”, ante la intención del Estado son con apego a derecho y necesarias para sostener las finanzas públicas o es un atropello contra las garantías individuales de los servidores públicos en activo de la burocracia veracruzana, no se sabe, pero el peligro social emergerá con las demandas laborales y reinstalaciones del puesto si la medida no fue analizada profundamente. Mientras la zozobra invade las dependencias del estado.
 
Suburbio 1
 

Las políticas de ajuste estructural se observan en la vida diaria de miles de veracruzanos que no pueden acceder a la Canasta Básica Indispensable.
 
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