26 de febrero de 2015
alcalorpolitico.com
Pues quién sabe. Hay dos versiones, varias voces, alrededor de quinientos funcionarios y ex funcionarios involucrados, y miles de millones de pesos en esta historia de nunca acabar.
Una versión dice que todo está bien, que no pasa nada; la otra advierte que algo anda mal, que cada día es más difícil disimular la precaria condición de las finanzas del estado.
Las voces dicen una cosa y otras. La más reciente es la del gobernador Javier Duarte, quien declaró que las finanzas de Veracruz están sanas. Si le da uno el beneficio de la duda al mandatario, tendría que dárselo también a otras voces que afirman precisamente todo lo contrario.
Las otras voces (alcaldes, pensionados, empresarios de la construcción, restauranteros, y un largo y triste etcétera que recientemente incluye a empleados del gobierno y los partidos políticos) se quejan de que no les han pagado salarios, contratos, compromisos, gastos. Alguien tiene razón, alguien no la tiene.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), seca y sonora, señaló a principios de febrero que el gobierno de Veracruz no ha podido comprobar a dónde fueron a dar más de seis mil (hay quien dice que la suma asciende a veintitantos mil) millones de pesos que entregó el gobierno federal para programas y proyectos específicos.
La acusación – porque es una acusación – es grave. ¿Cómo se tendría que interpretar lo que anunció la ASF?
Alguien (la voz del entendimiento me hace ser muy comedido) aseguró que el dinero estaba por ahí, pero se había depositado en las cuentas equivocadas y por eso no aparecía donde tenía que aparecer en la cuenta pública de 2013.
Puede ser, aunque aceptar esa explicación sería como aceptar que quienes manejan los dineros del estado no tienen idea de lo que están haciendo, o que lo están haciendo mal a propósito.
Veamos un ejemplo. En el caso del Seguro Popular, la secretaría de Hacienda no habría recibido ningún informe de Veracruz sobre el ejercicio o el destino de los recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal, ni recibió información sobre la compra de servicios a prestadores privados, la adquisición de medicamentos y material de curación, ni del listado nominal de las plazas pagadas... Son millones y millones de pesos.
El documento que se dio a conocer a principios de febrero es inequívoco, porque la ASF advierte que uno de los riesgos de entregar malas cuentas afecta la imagen que la sociedad tiene del gobierno, que ya está deteriorada, y además afecta los resultados de los proyectos de desarrollo, cualesquiera que sean.
"Este documento", dice la ASF, "llega en una coyuntura especial para nuestro país por distintas razones: se publica antes de la realización de un proceso electoral, y está enmarcada en un ambiente de cuestionamientos de la sociedad respecto al desempeño y la credibilidad de las instituciones públicas".
En todo caso, no se sabe dónde fueron a dar esos seis mil millones de pesos. Y no se sabe cómo están las finanzas del estado. El secretario Mauricio Audirac (quinto en lo que va del sexenio) no ha vuelto a recibir a los empresarios que necesitan cobrar lo que se les debe, ni a nadie. No hay quien informe, con pelos y señales y papeles, qué pasó.
Y de pronto, a la mitad del coro, aparece la voz del delegado de Gobernación, Alberto Amador Leal, quien se suma a los explicantes y asegura que parte de las observaciones de la ASF "ya fueron solventadas", porque "ya fueron restituidos los créditos a las cuentas originales". Es decir, que el dinero ya apareció, y que está donde tenía que estar desde el principio.
Pero no. Si así hubiera sido, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) no habría integrado un calendario de audiencias para pedir cuentas a más de quinientos funcionarios y exfuncionarios, aunque algunos de ellos podrían obtener inmunidad si logran convertirse en diputados...
Para complicar más las cosas, la secretaría de Hacienda apunta que en cinco años la deuda del estado se duplicó, y ahora los veracruzanos debemos cuarenta y un mil trescientos cincuenta y cinco millones de pesos. Y todavía no sabemos con exactitud dónde está el dinero de antes y de ahora, quién lo manejó, dónde lo puso, y qué se hizo con los intereses.
Y en el sitio de internet de Comunicación Social no hay nada sobre este triste asunto, como siempre que se trata de un tema que atañe y afecta a los veracruzanos.
Una versión dice que todo está bien, que no pasa nada; la otra advierte que algo anda mal, que cada día es más difícil disimular la precaria condición de las finanzas del estado.
Las voces dicen una cosa y otras. La más reciente es la del gobernador Javier Duarte, quien declaró que las finanzas de Veracruz están sanas. Si le da uno el beneficio de la duda al mandatario, tendría que dárselo también a otras voces que afirman precisamente todo lo contrario.
Las otras voces (alcaldes, pensionados, empresarios de la construcción, restauranteros, y un largo y triste etcétera que recientemente incluye a empleados del gobierno y los partidos políticos) se quejan de que no les han pagado salarios, contratos, compromisos, gastos. Alguien tiene razón, alguien no la tiene.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), seca y sonora, señaló a principios de febrero que el gobierno de Veracruz no ha podido comprobar a dónde fueron a dar más de seis mil (hay quien dice que la suma asciende a veintitantos mil) millones de pesos que entregó el gobierno federal para programas y proyectos específicos.
La acusación – porque es una acusación – es grave. ¿Cómo se tendría que interpretar lo que anunció la ASF?
Alguien (la voz del entendimiento me hace ser muy comedido) aseguró que el dinero estaba por ahí, pero se había depositado en las cuentas equivocadas y por eso no aparecía donde tenía que aparecer en la cuenta pública de 2013.
Puede ser, aunque aceptar esa explicación sería como aceptar que quienes manejan los dineros del estado no tienen idea de lo que están haciendo, o que lo están haciendo mal a propósito.
Veamos un ejemplo. En el caso del Seguro Popular, la secretaría de Hacienda no habría recibido ningún informe de Veracruz sobre el ejercicio o el destino de los recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal, ni recibió información sobre la compra de servicios a prestadores privados, la adquisición de medicamentos y material de curación, ni del listado nominal de las plazas pagadas... Son millones y millones de pesos.
El documento que se dio a conocer a principios de febrero es inequívoco, porque la ASF advierte que uno de los riesgos de entregar malas cuentas afecta la imagen que la sociedad tiene del gobierno, que ya está deteriorada, y además afecta los resultados de los proyectos de desarrollo, cualesquiera que sean.
"Este documento", dice la ASF, "llega en una coyuntura especial para nuestro país por distintas razones: se publica antes de la realización de un proceso electoral, y está enmarcada en un ambiente de cuestionamientos de la sociedad respecto al desempeño y la credibilidad de las instituciones públicas".
En todo caso, no se sabe dónde fueron a dar esos seis mil millones de pesos. Y no se sabe cómo están las finanzas del estado. El secretario Mauricio Audirac (quinto en lo que va del sexenio) no ha vuelto a recibir a los empresarios que necesitan cobrar lo que se les debe, ni a nadie. No hay quien informe, con pelos y señales y papeles, qué pasó.
Y de pronto, a la mitad del coro, aparece la voz del delegado de Gobernación, Alberto Amador Leal, quien se suma a los explicantes y asegura que parte de las observaciones de la ASF "ya fueron solventadas", porque "ya fueron restituidos los créditos a las cuentas originales". Es decir, que el dinero ya apareció, y que está donde tenía que estar desde el principio.
Pero no. Si así hubiera sido, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) no habría integrado un calendario de audiencias para pedir cuentas a más de quinientos funcionarios y exfuncionarios, aunque algunos de ellos podrían obtener inmunidad si logran convertirse en diputados...
Para complicar más las cosas, la secretaría de Hacienda apunta que en cinco años la deuda del estado se duplicó, y ahora los veracruzanos debemos cuarenta y un mil trescientos cincuenta y cinco millones de pesos. Y todavía no sabemos con exactitud dónde está el dinero de antes y de ahora, quién lo manejó, dónde lo puso, y qué se hizo con los intereses.
Y en el sitio de internet de Comunicación Social no hay nada sobre este triste asunto, como siempre que se trata de un tema que atañe y afecta a los veracruzanos.