25 de febrero de 2015
alcalorpolitico.com
Los señalamientos que en los últimos días ha venido haciendo la Auditoría Superior de la Federación, ASF, ha puesto en evidencia a la Contraloría General del Estado y al Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, de estar en todo, menos en cumplir con los objetivos para los que fueron creados.
La supuesta misión de la Contraloría estatal es promover el uso óptimo, honesto y transparente de los recursos y elevar la calidad en la gestión y desempeño de los servidores públicos, así como fomentar la cultura de rendición de cuentas en la Administración Pública Estatal.
Según el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2014, la Contraloría General del Estado tuvo un gasto de casi 141 millones de pesos.
Del Orfis, su objetivo -en la ficción- es hacer de la Fiscalización Superior el instrumento eficaz que estimule el control, la transparencia y la rendición de cuentas en los Entes Fiscalizables, dando cumplimiento al mandato legal que da origen a la Institución.
177 millones 428 mil pesos les costó a los veracruzanos el Orfis en el 2014, como declaró en su segundo informe de labores su titular, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, en octubre pasado.
Veracruz está identificada como una de las entidades con mayor deuda pública a nivel nacional. Sigue causando mucho nerviosismo también entre la clase política veracruzana, el señalamiento de la Auditoría Superior de la Federación, que Veracruz es la entidad con más desvíos de recursos federales, sobre todo en el Fondo para la Educación, FAEB, y del Seguro Popular. Esto ya se vaticinaba. El escandaloso saqueo, así como la alardeada ostentación de enriquecimiento inexplicable de actores políticos de la anterior y actual administración estatal, han originado el debacle en que hoy se encuentran encaminadas las finanzas estatales.
Las observaciones de la Federación vienen de mucho tiempo atrás. Tan sólo en julio de 2012, la Secretaría de Educación Pública, SEP solicitó al entonces contralor general de Veracruz, Iván López Fernández, “iniciar los procedimientos correspondientes y demás acciones legales”, debido a que de 2009 a 2011 Veracruz tuvo en sus arcas 716 millones 334 mil 745 pesos, al no existir ninguna prueba fiscal de cómo gastó 91 por ciento de ello, es decir 655 millones 782 mil 573 pesos. Esto como parte de los recursos que la SEP erogó para el programa Habilidades Digitales para Todos, HDT, sin que lograran las metas previstas y sin tener la certeza de que el dinero lo hayan gastado para el propósito etiquetado: es decir, para equipar escuelas con computadoras, proyectores y contar con conexión a internet. Al parecer, el entonces contralor hizo caso omiso a los requerimientos.
Iván López Fernández es ya parte de la historia de la impunidad en Veracruz. Fue el mismo que como contralor de Veracruz, se encargó de echar tierra a la posibilidad de iniciar una investigación sobre el fraude criminal más cruel y despiadado cometido en Veracruz y posiblemente en todo México, con la adquisición de falsos medicamentos contra el cáncer, aplicados a inocentes enfermos en el Instituto Estatal de Oncología, aquí en Xalapa; genocidio en el que acabaron con la vida de decenas, o cientos de indefensos enfermos. Iván López con toda la desfachatez y cinismo concluyó “que no había nada, que no había pasado nada”. En contubernio con quien en ese periodo fungía como secretario de Salud en Veracruz, Pablo Anaya Rivera.
Más de 320 millones de pesos desembolsan los Veracruzanos cada año, para sostener a la Contraloría General y al Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, para concretar únicamente dos inhabilitaciones en los últimos años: el caso de Álvaro Capetillo Hernández ex delegado de la SEV en Veracruz-Boca del Río, al no poder comprobar un gasto de 36 millones de pesos durante su gestión como director del IVEA. El otro fue cese, del ex director de los Servicios Aéreos de Gobierno del Estado, Alcides Madrigal inhabilitado por tres años. Casos diminutos, en comparación con los miles de millones de pesos que siguen “bailando”, ante los ojos de la Federación.
[email protected]
La supuesta misión de la Contraloría estatal es promover el uso óptimo, honesto y transparente de los recursos y elevar la calidad en la gestión y desempeño de los servidores públicos, así como fomentar la cultura de rendición de cuentas en la Administración Pública Estatal.
Según el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2014, la Contraloría General del Estado tuvo un gasto de casi 141 millones de pesos.
Del Orfis, su objetivo -en la ficción- es hacer de la Fiscalización Superior el instrumento eficaz que estimule el control, la transparencia y la rendición de cuentas en los Entes Fiscalizables, dando cumplimiento al mandato legal que da origen a la Institución.
177 millones 428 mil pesos les costó a los veracruzanos el Orfis en el 2014, como declaró en su segundo informe de labores su titular, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, en octubre pasado.
Veracruz está identificada como una de las entidades con mayor deuda pública a nivel nacional. Sigue causando mucho nerviosismo también entre la clase política veracruzana, el señalamiento de la Auditoría Superior de la Federación, que Veracruz es la entidad con más desvíos de recursos federales, sobre todo en el Fondo para la Educación, FAEB, y del Seguro Popular. Esto ya se vaticinaba. El escandaloso saqueo, así como la alardeada ostentación de enriquecimiento inexplicable de actores políticos de la anterior y actual administración estatal, han originado el debacle en que hoy se encuentran encaminadas las finanzas estatales.
Las observaciones de la Federación vienen de mucho tiempo atrás. Tan sólo en julio de 2012, la Secretaría de Educación Pública, SEP solicitó al entonces contralor general de Veracruz, Iván López Fernández, “iniciar los procedimientos correspondientes y demás acciones legales”, debido a que de 2009 a 2011 Veracruz tuvo en sus arcas 716 millones 334 mil 745 pesos, al no existir ninguna prueba fiscal de cómo gastó 91 por ciento de ello, es decir 655 millones 782 mil 573 pesos. Esto como parte de los recursos que la SEP erogó para el programa Habilidades Digitales para Todos, HDT, sin que lograran las metas previstas y sin tener la certeza de que el dinero lo hayan gastado para el propósito etiquetado: es decir, para equipar escuelas con computadoras, proyectores y contar con conexión a internet. Al parecer, el entonces contralor hizo caso omiso a los requerimientos.
Iván López Fernández es ya parte de la historia de la impunidad en Veracruz. Fue el mismo que como contralor de Veracruz, se encargó de echar tierra a la posibilidad de iniciar una investigación sobre el fraude criminal más cruel y despiadado cometido en Veracruz y posiblemente en todo México, con la adquisición de falsos medicamentos contra el cáncer, aplicados a inocentes enfermos en el Instituto Estatal de Oncología, aquí en Xalapa; genocidio en el que acabaron con la vida de decenas, o cientos de indefensos enfermos. Iván López con toda la desfachatez y cinismo concluyó “que no había nada, que no había pasado nada”. En contubernio con quien en ese periodo fungía como secretario de Salud en Veracruz, Pablo Anaya Rivera.
Más de 320 millones de pesos desembolsan los Veracruzanos cada año, para sostener a la Contraloría General y al Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, para concretar únicamente dos inhabilitaciones en los últimos años: el caso de Álvaro Capetillo Hernández ex delegado de la SEV en Veracruz-Boca del Río, al no poder comprobar un gasto de 36 millones de pesos durante su gestión como director del IVEA. El otro fue cese, del ex director de los Servicios Aéreos de Gobierno del Estado, Alcides Madrigal inhabilitado por tres años. Casos diminutos, en comparación con los miles de millones de pesos que siguen “bailando”, ante los ojos de la Federación.
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