Aparte, quiero decir, a un lado de los comentarios de quienes se han abocado a fijar su postura respecto a la ley que restringe el uso de los espacios públicos (entiéndase que se refiere especialmente a las calles y autopistas y poco o nada a las plazas y parques, o a las canchas en donde juegan los «llaneros»), argumentando el «derecho a la libre circulación y tránsito» de las «mayorías», es preciso plantear el asunto de otra manera.
 
Básicamente, están en oposición dos derechos (quitémosle eso de «constitucionales» porque nada aporta el adjetivo a la cuestión central que es legal de por sí, social y ética). Estos dos derechos son: la libre circulación o tránsito (por las vías públicas) y el de expresarse y manifestarse (también por las carreteras).
 
En ambos casos se trata de derechos públicos y, por lo tanto, no de un conflicto entre derechos privados y públicos, ni de mayorías o minorías, términos bastante relativos y circunstanciales.  
 

Quienes están a favor de coartar el uso de las calles para que la gente exprese su pensamiento y su voluntad argumentan que los caminos se hicieron expresamente para la circulación, el tránsito de personas, animales y autos, y que una manifestación bien puede hacerse allá, arriba de un cerro o en un campo de futbol o de pastoreo, porque, a fin de cuentas, lo que importa es que la autoridad y el resto de la población local, nacional (e incluso y mejor, mundial y, próximamente, cósmica) se enteren de lo que se está diciendo o exigiendo y, además, señalan, existen los medios de comunicación como portavoces de las demandas de los inconformes.  
 
Quienes defienden el derecho al uso de las calles y carreteras para expresarse consideran que las manifestaciones no son obstáculos insalvables para ejercer ese derecho de tránsito (que solo momentáneamente –aunque sean tres días— se posterga) y que las vías de comunicación son espacios públicos que están al servicio del ciudadano, cuyo derecho a expresarse libremente en o por ellas es más fundamental que el de solo usarlas para transitar.
 
Hasta ahí, el empate es cerrado. Tomemos algún ejemplo de los que echan mano unos y otros. Así, está el caso de una ambulancia que lleva a un enfermo y se encuentra la carretera bloqueada por la manifestación de quienes exigen justicia por un abuso o por una irresponsabilidad de la autoridad. Ambos tienen derecho: el primero, a transitar para ser atendido y, el segundo, a exigir justicia. Quienes abogan por el enfermo, argumentan que los manifestantes pueden irse al potrero a gritar; quienes defienden su manifestación dicen que el derecho a la justicia es tan sagrado como el derecho a la salud.  
 

En este caso, parece ser que el problema se plantea mal. El manifestante que bloquea la calle es el causante inmediato pero no el principal de que el enfermo se quede varado. Él está recurriendo a una situación extrema, dado que ha sido conculcado un derecho (a la justicia) que, de no haber sido violado por la autoridad, no habría motivado esa acción drástica. Es decir, la cadena causa-efecto no se limita al manifestante que bloquea y al enfermo varado, sino que hay una concatenación más amplia: autoridad que es abusiva o que no cumple sus obligaciones, más autoridad que niega la justicia, da como resultado una manifestación que bloquea la carretera que da como consecuencia un enfermo varado.  
 
Cortar la cadena y negar o esquivar las causas básicas es solo entendible en un estado en el que la responsabilidad de la autoridad se acalla y se trata de diluir, favoreciendo así que el enfrentamiento de derechos se dé entre los últimos eslabones de la cadena.
 
La pregunta es obvia: si esto es así, ¿por qué no se establece o respeta un marco jurídico sano en el que se evite la causa primera de toda la cadena, y no se pretenda violar o conculcar derechos para ocultar responsabilidades? Lo más fácil y falaz es dejar a la causa última (la manifestación) la responsabilidad del efecto último (el enfermo varado), y enfrentar los derechos de ambos para salvar la culpabilidad manifiesta.  
 

Las leyes que urgen son las que limiten al poder autoritario e injusto y le quiten impunidad; pero ¿quién propone, elabora, aprueba, publica, ejecuta y aplica las leyes?
 
P.S. Un lector pregunta: entonces, ¿qué hacen las patrullas presidiendo, a sirena abierta, las manifestaciones, religiosas o políticas o publicitarias, que bloquean calles y avenidas?
 
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