27 de octubre de 2014
alcalorpolitico.com
La licencia del Gobernador, Ángel Aguirre Rivero, en Guerrero no resuelve el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, pero, políticamente al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, le da un respiro para enderezar el rumbo hacia la tranquilidad nacional e internacional por este violento hecho sin resolver, ante la exigencia social que reclama, desde diferentes “trincheras”, la gobernabilidad en el país y los estados.
En el extranjero se observa que la violencia, en algunos estados, ha socavado las condiciones favorables para la correcta acción del gobierno y sus instituciones esto conlleva a que se aprecien, en lapsos menores de tiempo, destellos de ingobernabilidad, es decir, situaciones disfuncionales que dificultan la positiva actividad gubernamental.
El caso de Ayotzinapa exhibe el deterioro de la gestión pública que, a medida que pasa el tiempo, las relaciones de colaboración entre las instancias del gobierno se ven rebasadas por la permanencia de ejercicios irresponsables de funcionarios que ostentan la responsabilidad de la administración pública.
En el inicio de esta colaboración hablamos de la licencia del Gobernador, Ángel Aguirre Rivero, dentro del debate en el senado si es que habría que declarar la desaparición de poderes o si bien el gobernador debería de renunciar por la incapacidad de resolver un asunto de seguridad estatal en uno de los municipios, también se habló de desafuero para que él como la máxima autoridad en el estado se le fincara responsabilidad por la desaparición, muerte o secuestro de los estudiantes normalistas.
Para todo el país y la comunidad internacional alguien debe de pagar por ese lamentable crimen. Mientras todo eso de barajaba en la Cámara de Senadores, el propio gobernador, veía el asunto de las víctimas de Iguala como un hecho aislado que bien pudiera suceder en cualquier parte del país.
Guardadas las proporciones los acontecimiento de muerte violenta en otros estados diferentes a Guerrero son más numerosos y escandalosos quizás en la forma que suceden, eso la cúpula gubernamental no lo ve, pero, los ciudadanos y ahora el mundo señala lo que está pasando en México con respecto a la seguridad, inseguridad y violencia.
Los gobernantes, ya no pueden esconder las evidencias de que el estado de derecho en el país está dejando solos a los ciudadanos y, para su fortuna, éstos no tienen la capacidad organizativa, ni la convicción, aún, de que se necesita una protesta social masiva que sacuda al estado nacional para que responda a los millones de mexicanos que están vulnerables a sucumbir ante el delito en cualquier momento.
Más policía no garantiza que los delitos se terminen, por el contrario provocan el reto para que los delincuentes sigan operando como crimen organizado superando las estrategias de las instituciones en la investigación, prevención y persecución de delitos, además, de la ausencia de la voluntad por acabar con el crimen de las autoridades correspondientes, eso son secretos a voces que, insisto, el estado ya no podrá ocultar.
Las actuaciones del ejercicio democrático del estado mexicano debe de responder a los tratados internacionales de la protección de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de los ciudadanos, el país debe tener ciudadanos libres no subyugados por el miedo y el abandono de los gobernantes.
La licencia del Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, debe ser ponderada por los Senadores por la ineficiencia de la gestión pública del estado y por la ineficacia en la atención a las demandas ciudadanas.
Los ciudadanos se manifiestan y demandan atención a los problemas sociales que aquejan las ciudades y población; los gobernantes, por el contrario, no hacen caso a esas demandas y las pasiones empiezan a desbordarse, la aplicación de la ley con excesos y con la mentalidad de que en el estado sólo la máxima autoridad no se equivoca ya no puede ocultarse y provoca la participación ciudadana con protestas y manifestaciones de inconformidad.
No obstante, en el discurso político se insiste en la transparencia, rendición de cuentas, eficacia, legitimidad, procuración de justicia y atención a las exigencias sociales, sin esto, el distanciamiento de la sociedad con sus gobernantes provocará una crisis mayor de representatividad de la sociedad en la gobernabilidad del país.
Eventos de extrema violencia como el ocurrido en Guerrero, evidencian instituciones gubernamentales ineficientes, sin equidad y mucho menos justicia que puedan legitimar la selección el voto ciudadano por los gobernantes.
Suburbio 1
El gobierno perredista, el municipio perredista, lo diputados perredistas a veces se extraña la alternancia para romper complicidades.
[email protected]
En el extranjero se observa que la violencia, en algunos estados, ha socavado las condiciones favorables para la correcta acción del gobierno y sus instituciones esto conlleva a que se aprecien, en lapsos menores de tiempo, destellos de ingobernabilidad, es decir, situaciones disfuncionales que dificultan la positiva actividad gubernamental.
El caso de Ayotzinapa exhibe el deterioro de la gestión pública que, a medida que pasa el tiempo, las relaciones de colaboración entre las instancias del gobierno se ven rebasadas por la permanencia de ejercicios irresponsables de funcionarios que ostentan la responsabilidad de la administración pública.
En el inicio de esta colaboración hablamos de la licencia del Gobernador, Ángel Aguirre Rivero, dentro del debate en el senado si es que habría que declarar la desaparición de poderes o si bien el gobernador debería de renunciar por la incapacidad de resolver un asunto de seguridad estatal en uno de los municipios, también se habló de desafuero para que él como la máxima autoridad en el estado se le fincara responsabilidad por la desaparición, muerte o secuestro de los estudiantes normalistas.
Para todo el país y la comunidad internacional alguien debe de pagar por ese lamentable crimen. Mientras todo eso de barajaba en la Cámara de Senadores, el propio gobernador, veía el asunto de las víctimas de Iguala como un hecho aislado que bien pudiera suceder en cualquier parte del país.
Guardadas las proporciones los acontecimiento de muerte violenta en otros estados diferentes a Guerrero son más numerosos y escandalosos quizás en la forma que suceden, eso la cúpula gubernamental no lo ve, pero, los ciudadanos y ahora el mundo señala lo que está pasando en México con respecto a la seguridad, inseguridad y violencia.
Los gobernantes, ya no pueden esconder las evidencias de que el estado de derecho en el país está dejando solos a los ciudadanos y, para su fortuna, éstos no tienen la capacidad organizativa, ni la convicción, aún, de que se necesita una protesta social masiva que sacuda al estado nacional para que responda a los millones de mexicanos que están vulnerables a sucumbir ante el delito en cualquier momento.
Más policía no garantiza que los delitos se terminen, por el contrario provocan el reto para que los delincuentes sigan operando como crimen organizado superando las estrategias de las instituciones en la investigación, prevención y persecución de delitos, además, de la ausencia de la voluntad por acabar con el crimen de las autoridades correspondientes, eso son secretos a voces que, insisto, el estado ya no podrá ocultar.
Las actuaciones del ejercicio democrático del estado mexicano debe de responder a los tratados internacionales de la protección de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de los ciudadanos, el país debe tener ciudadanos libres no subyugados por el miedo y el abandono de los gobernantes.
La licencia del Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, debe ser ponderada por los Senadores por la ineficiencia de la gestión pública del estado y por la ineficacia en la atención a las demandas ciudadanas.
Los ciudadanos se manifiestan y demandan atención a los problemas sociales que aquejan las ciudades y población; los gobernantes, por el contrario, no hacen caso a esas demandas y las pasiones empiezan a desbordarse, la aplicación de la ley con excesos y con la mentalidad de que en el estado sólo la máxima autoridad no se equivoca ya no puede ocultarse y provoca la participación ciudadana con protestas y manifestaciones de inconformidad.
No obstante, en el discurso político se insiste en la transparencia, rendición de cuentas, eficacia, legitimidad, procuración de justicia y atención a las exigencias sociales, sin esto, el distanciamiento de la sociedad con sus gobernantes provocará una crisis mayor de representatividad de la sociedad en la gobernabilidad del país.
Eventos de extrema violencia como el ocurrido en Guerrero, evidencian instituciones gubernamentales ineficientes, sin equidad y mucho menos justicia que puedan legitimar la selección el voto ciudadano por los gobernantes.
Suburbio 1
El gobierno perredista, el municipio perredista, lo diputados perredistas a veces se extraña la alternancia para romper complicidades.
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