22 de octubre de 2014
alcalorpolitico.com
Desde hace casi un mes, además del ébola, la otra noticia que tiene cautiva la atención internacional es la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Conforme transcurran los días de incertidumbre, la agitación a la que se suman otras organizaciones, se torna más áspera y violenta.
Como lo hemos venido observando, los medios de comunicación más influyentes del planeta siguen haciendo de manera constante fuertes señalamientos. The Economist, The New York Times, The Independent, entre otros, continúan insistiendo en la urgente necesidad de restaurar la seguridad y la paz en México.
Por tercera ocasión, este lunes en Poza Rica el presidente Peña Nieto advirtió, lo que se pudiera interpretar de manera sutil como una tercera llamada, al señalar: “Para el gobierno de la República es fundamental llegar a fondo. Y como hoy lo hacemos en Guerrero, vamos a poner orden para evitar que el crimen organizado se infiltre en las instituciones encargadas de dar seguridad a las familias".
La infiltración del crimen organizado con autoridades no es novedad. Lo de Guerrero es solo una muestra. Ejemplos de funcionarios que han contribuido a enlutar cientos de miles de familias mexicanas, abundan.
En el mes de febrero del presente año, el Consejo de la Judicatura Federal confirmó que los amparos interpuestos por el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, fueron sobreseídos, por lo que podría ser detenido y procesado en cualquier momento. Los amparos solicitados contra de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra la salud y contra la búsqueda y detención internacional por parte de la Interpol. Imputaciones hechas por parte de fiscales federales del sur de Texas.
En diciembre de 2013, el empresario mexicano Guillermo Flores Cordero, investigado por lavado de alrededor de 30 millones de dólares, declaró a una corte en Texas que Eugenio Hernández Flores, ex gobernador de Tamaulipas de 2005 a 2010, aceptó sobornos de Los Zetas durante su administración y lavó ese dinero en territorio texano.
Al ex gobernador panista de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, 2004-2010, la Fiscalía de esa entidad ha integrado al menos ocho averiguaciones en contra de Reynoso: por peculado, ejercicio indebido de la función pública, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Uno de los testimonios obtenidos por MVS Noticias, del Sistema de Transparencia de Estados Unidos, establece que el crimen organizado pagó para obtener protección política en Veracruz, durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán para operar el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, lavar dinero, extorsionar y secuestrar con libertad. El expediente señala al dueño de la empresa ADT Petroservicios, ‘Pancho’ Colorado, como su principal intermediario.
Felipe Calderón no pudo. Mientras se sigan solapando autoridades municipales, estatales y federales coludidas con criminales, difícilmente algún presidente podrá reestablecer la paz en nuestro país.
La situación de lo que está ocurriendo es tan delicada que Peña Nieto sabe que no puede esperar a que las Fuerzas Armadas peguen un manotazo sobre el escritorio, no tiene otro recurso más que actuar contra todo funcionario que se identifique en complicidad o encubrimiento con la delincuencia organizada.
Con la puesta en marcha de la policía llamada “Fuerza Civil” en Veracruz, Javier Duarte está asumiendo por completo la responsabilidad de restaurar la seguridad y tranquilidad de los veracruzanos, con mayor peso por el ya cercano inicio de los Juegos Centroamericanos, así como por la celebración en el mes de diciembre de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Si las cosas mejoran, si realmente se abate la inseguridad y los veracruzanos lo constatan, Duarte recibirá el reconocimiento de la sociedad, habría motivos para felicitarlo; de lo contrario, quedará en evidencia que la policía estatal solo cambió de nombre y de logo.
[email protected]
Como lo hemos venido observando, los medios de comunicación más influyentes del planeta siguen haciendo de manera constante fuertes señalamientos. The Economist, The New York Times, The Independent, entre otros, continúan insistiendo en la urgente necesidad de restaurar la seguridad y la paz en México.
Por tercera ocasión, este lunes en Poza Rica el presidente Peña Nieto advirtió, lo que se pudiera interpretar de manera sutil como una tercera llamada, al señalar: “Para el gobierno de la República es fundamental llegar a fondo. Y como hoy lo hacemos en Guerrero, vamos a poner orden para evitar que el crimen organizado se infiltre en las instituciones encargadas de dar seguridad a las familias".
La infiltración del crimen organizado con autoridades no es novedad. Lo de Guerrero es solo una muestra. Ejemplos de funcionarios que han contribuido a enlutar cientos de miles de familias mexicanas, abundan.
En el mes de febrero del presente año, el Consejo de la Judicatura Federal confirmó que los amparos interpuestos por el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, fueron sobreseídos, por lo que podría ser detenido y procesado en cualquier momento. Los amparos solicitados contra de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra la salud y contra la búsqueda y detención internacional por parte de la Interpol. Imputaciones hechas por parte de fiscales federales del sur de Texas.
En diciembre de 2013, el empresario mexicano Guillermo Flores Cordero, investigado por lavado de alrededor de 30 millones de dólares, declaró a una corte en Texas que Eugenio Hernández Flores, ex gobernador de Tamaulipas de 2005 a 2010, aceptó sobornos de Los Zetas durante su administración y lavó ese dinero en territorio texano.
Al ex gobernador panista de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, 2004-2010, la Fiscalía de esa entidad ha integrado al menos ocho averiguaciones en contra de Reynoso: por peculado, ejercicio indebido de la función pública, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Uno de los testimonios obtenidos por MVS Noticias, del Sistema de Transparencia de Estados Unidos, establece que el crimen organizado pagó para obtener protección política en Veracruz, durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán para operar el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, lavar dinero, extorsionar y secuestrar con libertad. El expediente señala al dueño de la empresa ADT Petroservicios, ‘Pancho’ Colorado, como su principal intermediario.
Felipe Calderón no pudo. Mientras se sigan solapando autoridades municipales, estatales y federales coludidas con criminales, difícilmente algún presidente podrá reestablecer la paz en nuestro país.
La situación de lo que está ocurriendo es tan delicada que Peña Nieto sabe que no puede esperar a que las Fuerzas Armadas peguen un manotazo sobre el escritorio, no tiene otro recurso más que actuar contra todo funcionario que se identifique en complicidad o encubrimiento con la delincuencia organizada.
Con la puesta en marcha de la policía llamada “Fuerza Civil” en Veracruz, Javier Duarte está asumiendo por completo la responsabilidad de restaurar la seguridad y tranquilidad de los veracruzanos, con mayor peso por el ya cercano inicio de los Juegos Centroamericanos, así como por la celebración en el mes de diciembre de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Si las cosas mejoran, si realmente se abate la inseguridad y los veracruzanos lo constatan, Duarte recibirá el reconocimiento de la sociedad, habría motivos para felicitarlo; de lo contrario, quedará en evidencia que la policía estatal solo cambió de nombre y de logo.
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