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Columnas y artículos de opinión
Kairós
Iguala nos iguala
Francisco Montfort Guillén
22 de octubre de 2014
alcalorpolitico.com
¿Por qué la tragedia de Iguala ha calado hondo en la sociedad mexicana? ¿Es sólo un acto de barbarie humana? ¿Es únicamente una tragedia social? Lamentablemente es esto y algo más: también es un hecho que hiere el corazón del Estado mexicano. ¿Por qué razones el <caso Iguala> nos llena de indignación genuina? Porque se trata de un problema que refleja de cuerpo entero al Estado mexicano y por ende a la sociedad en su conjunto. Iguala resume <la cultura> que, afirmó el presidente de la república, es casi inatacable porque sus problemas no son de solución inmediata, requieren el tiempo suficiente para el surgimiento y adopción de nuevos valores colectivos, superiores a los actuales.
 
Iguala, entonces, es el néctar de la actual cultura pública mexicana y por ende incluye las características de la acción colectiva de toda nuestra sociedad: corrupción pública, corrupción privada y corrupción público/privada; autoritarismo del poder público; perversión de la cultura electoral, es decir, de la democracia; ejercicio del poder de las complicidades; vida ciudadana acotada por la impotencia, por el temor a la denuncia; es también la complicidad de los ciudadanos con el poder público, la aceptación sumisa de su ejercicio del poder, y su confrontación, también signada por la violencia; es el desvanecimiento de los límites entre el poder público y el poder del crimen al establecer, entre ellos, una alianza evidente y a la vez invisible en sus más duros acuerdos; significa ausencia de la aplicación de las leyes o sea inexistencia del Estado de derecho; es ejercicio del poder cruel, envilecido, brutalizado en contra de la ciudadanía y en contra de los rivales y enemigos. Todos o algunos de estos rasgos están presentes en todo el país.
 
Iguala es el horror no deseado de una sociedad que ha fracasado una y otra vez en configurar un Estado conformado por un poder ciudadano libre y autónomo. En efecto, el Poder Judicial, encargado de defender a los ciudadanos de los excesos del Estado ha sido sometido, junto con la procuración de justicia del ministerio público, a los caprichos del Poder Ejecutivo y a la indiferencia del Poder Legislativo. En muchos casos, es un poder capturado por los delincuentes de todo orden y tipo.
 

Para muchos mexicanos, Iguala no es México. Claro: no todo el país vive una crisis similar, por supuesto, pero Iguala sí es su verdadera imagen o, más precisamente, la imagen mejor reflejada del Estado mexicano. Iguala es el espejo en el cual el resto de los mexicanos quisiera no ver reproducida su imagen. Para ellos, Iguala es <lo otro>, un caso que involucra sólo un municipio de un estado de la república caracterizado siempre por la violencia. Iguala no es México, ni siquiera, como afirma el gobernador Ángel Aguirre Rivero, es la imagen del resto del estado de Guerrero. Y sin embargo, Iguala es el ejemplo más acabado del accionar de nuestros funcionarios públicos y de los ciudadanos.
 
Ahora bien: ¿Estamos frente a una crisis pasajera, coyuntural? ¿Se trata, como dijo inicialmente el presidente Peña Nieto, de un hecho aislado que no debe volver a repetirse? ¿Estamos ante una crisis particular que el Estado mexicano puede resolver en los términos del ámbito de la delincuencia, con las acciones policíacas que terminarán con la detención de los autores materiales e intelectuales del crimen? ¿Después de resuelto este acto abominable, el Estado mexicano puede seguir actuando de la forma que lo ha hecho últimamente? ¿El sistema político puede absorber esta crisis sin que afecte su funcionamiento?
 
En declaraciones posteriores, Enrique Peña Nieto declaró en el estado de Morelos esto que transcribo tal cual: (El problema en Iguala) <Es un tema que habrá de ocupar la tarea y el debate de quienes son parte del Estado mexicano, hoy estamos en una tarea prioritaria que es buscar y encontrar a los jóvenes estudiantes de la normal de Ayotzinapa…>
 

<El Estado en su conjunto deberá definir cuáles son los mecanismos, las políticas el marco normativo que impulsaremos para que los órdenes municipales (sic), especialmente, cuenten con mayor fortaleza institucional…>
 
Resalto en cursivas los párrafos que me parecen primordiales. En efecto, la teatralización de la tragedia humanitaria de Iguala es también la teatralización del desfondamiento de la política. Es un drama que involucra a toda la sociedad porque el Estado es la expresión política de la sociedad civil organizada. El presidente definió el problema de Iguala como uno de Estado. Sin embargo, en sus reuniones de crisis no involucra sino al gabinete de seguridad, excluyendo a los otros dos poderes. Esta visión equivale en la práctica a la confusión de la definición de Estado, que la iguala con el Poder Ejecutivo.
 
La declaración presidencial contradice su visión del mundo, en especial su visión sobre la realidad mexicana. El afirmó que el problema de la corrupción consistía en un mal cultural de la sociedad mexicana. Y en el centro del problema de Iguala está un conjunto de reglas no escritas, costumbres, hábitos, prohibiciones, creencias, ritos, ideas que constituyen la corrupción y la acción que la hace posible: la impunidad. En esta visión culturalista del problema, no existen soluciones inmediatas. Luego entonces, mientras forjamos otra cultura, la crisis de Iguala se repetirá en otros escenarios nacionales.
 

Sin embargo, la escenificación de la disfuncionalidad del Estado mexicano en Iguala no sólo es ejemplar: su esencia paradigmática revela que el Estado mexicano no cumple, desde hace tiempo, con algunas de sus funciones específicas. Y nos urge reformarlo.
 
Estamos ante la oportunidad histórica de poner en el centro de nuestros esfuerzos colectivos una profunda reforma de la administración y procuración de justicia. Darle prisa a la constitución autónoma de la Fiscalía General de la República y de sus contrapartes en los estados de la federación. Empujar a fondo los juicios orales. Aplicar el código único de los delitos en toda la república. Asegurar los presupuestos y su ejercicio adecuado, más la rendición de cuentas de las instituciones del actual ministerio público, de los poderes judiciales y de las instituciones policíacas. Frenar el financiamiento de este conjunto de instituciones por parte del crimen organizado u ordinario, que es una de las entradas de la corrupción de todo el sistema, incluyendo, por supuesto, a las autoridades municipales, más los procesos electorales, es una tarea indispensable, necesaria, urgente.
 
Ni las reformas llamadas estructurales, ni siquiera el crecimiento económico serán suficientes para alcanzar el verdadero desarrollo. Sin un Estado de derecho real y efectivo los demás esfuerzos resultarán inútiles o cuando menos se obtendrán resultados mediocres, como hasta ahora. Iguala nos igualó a los ciudadanos mexicanos por lo bajo, por el mal. También puede igualarnos por lo alto, por la recreación de un eficiente y eficaz sistema de procuración y administración de justicia y de seguridad pública. De algo deben de servirnos la indignación ante las masacres y las tragedias personales y familiares de los cuerpos exhumados. Esta rebelión exige de un final positivo, ya que no puede tener un final feliz.