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Columnas y artículos de opinión
Metrópoli
Aterradora la historia de Ayotzinapa
Francisco L. Carranco
13 de octubre de 2014
alcalorpolitico.com
Que difícil resulta explicar la situación cuando el dedo no alcanza para tapar el sol. Eso aparenta ser, el caso mas reciente de barbarie aparecida recientemente en Iguala, Guerrero, en donde a medida que las investigaciones avanzan, sobre la desaparición de 43 estudiantes, las evidencias reflejan tal grado de descomposición social en nuestro país que está a punto de costarle, al estado mexicano, una crisis política internacional provocada por el repunte de la inseguridad en los estados mexicanos.
 
Los hechos violentos ocurridos el 26 de septiembre en contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, provocó protestas de repudio y la indignación de la sociedad mexicana por la agresión perpetrada por los policías que, con exceso de fuerza que les da su investidura, dispararon contra los jóvenes que viajaban en tres autobuses sustraídos previamente por ellos mismos; en la escena murieron tres y 43 fueron presuntamente “detenidos” para responder por la toma de los camiones.
 
Sin embargo, nunca fueron presentados si desaparecidos y a pesar de que la fiscalía del estado de Guerrero informa que los policías deberían detener los camiones, nunca se evidencia la orden de disparar contra ellos, ¿quién dio la orden y, por lo tanto, quién debería asumir la responsabilidad de tal exceso policiaco? sigue siendo la pregunta de los mexicanos.
 

A la fecha las investigaciones sobre la desaparición de los muchachos normalistas permanece en una encrucijada y todo aparenta que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, fue quién dio la orden al jefe policiaco, Francisco Salgado Valladares, para detener a los jóvenes, sin embargo, el uso de la fuerza extrema con disparos queda en entredicho, porque por un lado los policías disparan contra los normalistas y alternamente un grupo armado no identificado dispara también contra otros autobuses que transportaban a unos jugadores de futbol, ajenos al primer evento, pero, en similares condiciones es decir, ambos viajan en autobuses y habría que detenerlos, en los dos casos hubo muertos.
 
Estos ataques contra los autobuses de normalistas y futbolistas, suponen los familiares, fueron ordenados por la misma persona solo que a dos grupos diferentes por un lado los policías y por el otro lado el grupo no identificado de pistoleros.
 
Esto demuestra que hay dos grupos de poder en el municipio y, presumiblemente, existiera un nexo del alcalde o algún otro funcionario municipal con los grupos delictivos, ambos, circunstancialmente, recibieron la instrucción de disparar contra los autobuses saltándose los protocolos policiacos para la detención y el otro impunemente agredió los vehículos con las consecuencias que lamentamos.
 

En un afán de poner las cosas en claro y ante las exigencia nacional de presentar a los estudiantes con vida las autoridades estatales e, incluso, el reporte de la Procuraduría General de la República PGR, en sus respectivas investigaciones ministeriales, dando palos de ciego, encuentran fosas clandestinas con cadáveres y, a dos semanas del incidente, aun no determina de quien son los cuerpos si de los estudiantes o de otras personas victimas de la delincuencia, pero son bastantes cuerpos.
 
Al respecto esté acto considerado de barbarie, rompe con los principios democráticos de la seguridad y observancia de los derechos fundamentales que deben vivir los ciudadanos, habla del poderío de las organizaciones policiacas y delictivas, al margen de la ley, que con sus acciones tienen sometida a la sociedad, ante la mirada tolerante de otras instancias de autoridad, en esta caso la del Gobierno Estatal de Guerrero y la Propia Presidencia de la República, ésta última que debiera de acentuar sus políticas en contra de la delincuencia organizada y la misma que provocan las autoridades estatales.
 
El costo político que está viviendo México por el caso Ayotzinapa, empieza a socavar la confianza de la comunidad internacional y varios países han protestado por las desapariciones, asesinatos y el repunte de la violencia.
 

El parlamento europeo pidió suspender el acuerdo comercial con nuestro país por los incidentes en Iguala y expertos en derechos humanos de Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Involuntarias Forzadas, además del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se quejan enérgicamente contra el gobierno.
 
Todos coinciden que la resolución de la investigación del asesinato y desaparición forzada de estudiantes de Guerrero, es una prueba crucial para la voluntad y capacidad del estado mexicano para atender las graves violaciones de derechos humanos que prevalecen en México. No es tolerable que estos hechos sucedan en un estado de derecho.
 
La historia es aterradora por la violencia con la que desaparecieron los estudiantes, la huida de los principales sospechosos, el alcalde y el jefe de la policía, el hallazgo de fosas clandestinas, la ineficiencia de las autoridades estatales en el caso y la displicencia del gabinete de seguridad nacional que actúa como si no pasara nada.
 

Suburbio 1
 
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